Las ayudas al IBI y el bono del agua lastran el gasto social

La crisis no ha acabado. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria agotó en 2017 las partidas destinadas a las ayudas de emergencia, las de especial necesidad y al alquiler, lo que demuestra que la sociedad capitalina aún se está encontrando con problemas para manejárselas en lo económico. La ejecución del presupuesto en estas prestaciones es del 98% en los fondos que maneja Cohesión Social; del 99%, en el de los Distritos; y del 96% en el de Vivienda.

Sin embargo, el gasto social general del Ayuntamiento -el que atraviesa de modo transversal a todas las concejalías- no alcanza estas cifras y se queda en torno al 70% del presupuesto inicial de 2017. Esto significa que el grupo de gobierno dejó sin gastar casi un tercio del gasto social previsto con que inició el año pasado.

Este nivel de ejecución se explica por el hecho de que el bono social del agua sigue sin aplicarse (300.000 euros), el bajo nivel de implantación de las ayudas para los gastos habituales de vivienda (IBI social) o el hecho de que no conste ejecutado ni un céntimo del casi millón de euros que se incluye en la partida de la que se nutren los premios de jubilación, gastos escolares y ayudas por gastos sanitarios para el personal municipal.

Una de las partidas presupuestarias básicas por su importancia es la que sirve para pagar el servicio de ayuda a domicilio. En 2017, se había previsto para este fin 8,9 millones de euros, pero se incrementó hasta los 9,8 millones de euros. Al final, lo que consta como derechos reconocidos alcanza solo los 5,53 millones de euros (un 56%). Sin embargo, el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, aseguró que se trata de una realidad contable que se queda corta ante el gasto real puesto que «no se reflejó en la ejecución el gasto de diciembre, que fueron unos 800.000 euros». De hecho, aseguró que en el último trimestre el número de usuarios subió en torno a un centenar.

Algo similar ocurre con los 857.000 euros de subvenciones que se transfieren a Guaguas Municipales para el pago del bono de los parados, cuya ejecución aparece como nula.

En todo caso, si se descontara esta última ayuda, el nivel de ejecución tampoco variaría tanto: solo subiría hasta un nivel ligeramente superior al 71%.

El portavoz del PP, Ángel Sabroso, señaló que «las cuentas ratifican el fracaso de gestión económica del tripartito. En gasto social, dejaron de ejecutar 3,4 millones de euros en 2017, en las partidas destinadas a ayudas a los más necesitados y a las asociaciones benéficas asistenciales. Si a ello añadimos, los fracasos del IBI social, o el bono deportivo o el convenio de agua, la gestión económica del área social suspende, por mucho que intenten maquillarlo».

Sin embargo, esta percepción no la comparte el edil de Cohesión Social. Para Ortega, ahora se gasta más y de modo más eficiente. «El presupuesto social fue, en nuestro caso, de casi 23 millones de euros, cuando el PP gastó como máximo 16,5 millones de euros», aseveró.

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