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No habrá reparación histórica para los dos fusilados de San Lorenzo (el alcalde Juan Santana y el sindicalista Francisco González) cuyos cadáveres fueron depositados en una fosa común del cementerio de Vegueta. El estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encargado para localizar los restos de los dos represaliados por las fuerzas franquistas, concluye que no se ha podido encontrar la fosa dos del cuartel seis y recoge además el testimonio de un marmolista que asegura que en los años 80 se extrajeron restos óseos del lugar donde supuestamente fueron sepultadas las dos víctimas. En todo caso, esta declaración no pudo ser contrastada.
La noticia destrozó anímicamente a la asociación Familiares de Fusilados de San Lorenzo, representada por los primos Pino y Paco González, quienes abandonaron la reunión visiblemente afectados porque consideran una «humillación» que se haya tenido el informe desde septiembre y no se les hubiera informado antes. En palabras de Paco, «estamos destrozados porque han sido veinte años con esta batalla y nos encontramos con que la izquierda se comporta igual».
«Ahora estamos añurgados, esto es muy duro», prosiguió el nieto del sindicalista fusilado en La Isleta, «vamos a seguir, pero aún no sabemos qué haremos». Su padre murió en octubre sin poder enterrar con dignidad al suyo. Y esta esperanza era la que alimentaba la lucha por la reparación histórica de los familiares de San Lorenzo.
El historiador Javier Márquez reconoció estar «muy frustrado» por no haber podido localizar la fosa dos, si bien defendió el «esfuerzo, el rigor y el trabajo realizado» por el equipo de historiadores de la ULPGC. «Es imposible localizar los restos porque el espacio en que fueron depositados fue profundamente alterado y no hay registros documentales, más allá de que fueron enterrados ahí y que la fosa fue abierta en dos ocasiones posteriores», señaló.
Márquez también aclaró que ha sido imposible localizar la fosa dos. La situación se complica por el hecho de que tanto en 1942 como en 1955, años en que se volvió a reutilizar la fosa común, se añadieron nuevos cadáveres, lo que fue posible mediante la retirada de los restos óseos previos. En 1942 fueron depositadas veintiocho personas y en 1955, otras treinta. «No es una fosa común típica de la Guerra Civil donde los represaliados se dejan y se cierra, sino que estamos ante un espacio de enterramiento sistemático», aclaró. Por eso concluyó que «físicamente es imposible que en las fosas comunes estén los restos».
Por su parte, el director insular de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán, también se mostró contrariado por no haber localizado los restos de Juan Santana y Francisco González pero quiso valorar el trabajo científico del equipo de Javier Márquez, Beatriz Andreu, Candelaria González y Javier Velasco como un homenaje a los fusilados y sus familiares. «La verdad es la mejor reparación», señaló, «podemos considerar la investigación científica realizada como un homenaje que repara el daño sufrido».
«Desgraciadamente no hemos podido concluirlo como en el caso de Tenoya pero es un paso», añadió. El Cabildo se propone editar ahora el trabajo de los especialistas de la ULPGC porque es la primera vez que se historiografía el cementerio de Vegueta hasta los años 80.
Los familiares de los fusilados fueron muy críticos con la actitud del Ayuntamiento. «Quieren montar allí un monolito del escultor Manolo González», dijo Paco González, «es una idea del exconcejal Sergio Millares, pero si es así, nos negamos a que se pongan los nombres de nuestros familiares».
Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que no se ha tomado ninguna decisión a este respecto, y adelantó que tras el informe habrá que consensuar con el Cabildo de Gran Canaria los pasos a tomar. «Para nuestra desolación, la presencia de huesos no se corresponde con la cantidad de gente inhumada, lo que significa que las fosas fueron vaciadas antes de los 80», indicó.
Cabildo y Ayuntamiento quieren formar, junto al Gobierno, una organización que permita formar a los ciudadanos en materia de memoria histórica.
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