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Los empleados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncian un fin de año marcado por las movilizaciones. El primer paso del calendario de protestas se iniciará con concentraciones a las puertas de las Casas Consistoriales durante los plenos de octubre, noviembre y diciembre. Lo que denuncian son «los reiterados incumplimientos de la Corporación con el colectivo del Ayuntamiento», según se recoge en el escrito que hoy se presentará a la Delegación de Gobierno para cubrir los requisitos legales que exigen una comunicación previa.
Básicamente se trata de dar a conocer públicamente los retrasos salariales que sufren los empleados municipales a todos los niveles, tanto en el caso de Policías y Bomberos por el impago de las horas extra, como en el del resto del personal, que han tenido problemas con las ayudas médicas y escolares que les reconoció una sentencia judicial para el periodo comprendido entre 2012 y 2017.
«Aquí el problema es que este ayuntamiento debe dinero a todo el mundo», aseguró el representante de UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso.
Los representantes de los trabajadores que secundan las manifestaciones -USPB, CSIF, CC OO, la citada UGT e Intersindical Canaria- consideran que es difícil hacer un cálculo del montante que les adeuda el Consistorio capitalino, pero, en todo caso, se barajan cifras superiores a los dos millones de euros.
Desde la perspectiva obrera, el problema va más allá y tiene que ver con la «mala gestión» y la «desidia» que hay en materia de recursos humanos. Para hacer estas afirmaciones se basan en situaciones como la denunciada por Leonardo Perera, del CSIF, que cuenta el caso de un empleado «que pidió la ayuda para unas gafas y le pagaron por el valor de seis gafas, mientras que hay otros trabajadores que no han recibido esta asistencia».
Los retrasos en los abonos de las horas extra de los agentes de la Policía Local también está teniendo consecuencias económicas para estos profesionales. Lo explica Alonso: «Estamos recibiendo multas de Hacienda por haber cobrado fuera de plazo y nos vemos ahora que si nos tenían que pagar mil euros por las horas extra de 2018, perdemos casi cuatrocientos euros en concepto de sanción (unos 165 euros) más el 20% de lo que tenías que cobrar por estar obligados a hacer la declaración complementaria».
Desde USPB, Víctor García explicó que el problema «no es de dinero» porque no se reclama salarios más altos, sino tan solo que se les abone lo que está establecido por trabajar y que se les reconozcan los derechos sociales que tienen consagrados por sentencia. «El problema es que nadie se preocupa de pagar a los trabajadores», denunció.
Los sindicatos pidieron ayer una reunión con el alcalde, Augusto Hidalgo, para tratar de conseguir una solución a estos problemas. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión del Ayuntamiento.
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