El juzgado anula el nombramiento del comisario de la Policía Local

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de la capital grancanaria acaba de anular el nombramiento del comisario principal de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, acordado por resolución municipal el 5 de diciembre de 2016. Entre otras razones, la decisión judicial se basa en el hecho de que el órgano que firmó la decisión es «manifiestamente incompetente» para hacerlo. Se refiere a que el nombramiento fue refrendado por la directora general de Administración Pública, cuando debería haberse hecho directamente por el alcalde, Augusto Hidalgo, o por la concejala de Seguridad, Encarna Galván.

La resolución de la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), echa por tierra la defensa planteada en este punto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que considera que el decreto 44.521/2015 habilita a la Dirección General de Administración Pública para dictar la resolución del nombramiento por tener delegadas las competencias en materia de Recursos Humanos.

«El nombramiento de jefe de la Policía Local debe ser realizado por el alcalde, no pudiendo ser delegado en un director general, pues, en todo caso, (en la ley) se establece que el cuerpo de la Policía Local estará bajo la jefatura superior del alcalde y, en su caso, la directa del concejal en quien aquél delegue, llamando la atención que, en este caso, ni siquiera se indique en la resolución impugnada que la misma se dicta por delegación», establece la magistrada.

La sentencia es el resultado de un recurso que presentaron los otros tres comisarios que tiene la Policía Local, José Luis de los Reyes Almeida -ahora en el cuerpo general de la Policía Canaria, en calidad de comisario de Recursos Operativos-, Carmen Delia Martín Mederos y Rosa María Rodríguez Arteaga, quienes se sintieron perjudicados por el hecho de que el nombramiento de Brichis no siguió el procedimiento de libre designación mediante convocatoria pública.

«También debe admitirse la alegación de los recurrentes sobrevulneración del derecho a la carrera profesional, y ello porque los mismos ostentan la condición de comisarios y, por tanto, forman parte de la escala superior del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que, conforme al citado artículo 18 de la Ley 6/97, resultan elegibles para el puesto de jefatura».

La defensa del Ayuntamiento trató de conseguir del juzgado un pronunciamiento en el sentido de declarar la falta de legitimación de los recurrentes para atacar jurídicamente el nombramiento de Carlos Saavedra Brichis. Sin embargo, la jueza recuerda que «según resolución de fecha 28 de septiembre de 2015, los recurrentes ostentan la condición de funcionarios de carrera y están adscritos, con carácter definitivo, a los puestos de trabajo denominados comisarios de la Policía Local, por tanto (...) son susceptibles de participar en el proceso selectivo cuya convocatoria reclaman».

Otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno local para defender el nombramiento era su carácter provisional, hasta tanto que se proveyera la plaza de modo definitivo. Pero aquí la magistrada también aclara que «ninguna referencia se realiza a que el nombramiento sea en comisión de servicio o como interino».

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