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El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, calcula que de los veinte millones de euros que el Ayuntamiento adeudaba a sus trabajadores por los recortes salariales aplicados por el PP en el mandato anterior, quedan por saldar solo ocho millones de euros. Aunque el compromiso del actual grupo de gobierno era saldar esta deuda ayer, los retrasos acumulados en la gestión del expediente solo van a permitir el pago, durante este mes de diciembre, de menos de la mitad de esa cantidad. En concreto, el edil calcula que los 2.700 trabajadores municipales ingresarán alrededor de tres millones de euros.
Se trata, básicamente, de las cantidades derivadas de la anulación de las relaciones de puesto de trabajo (de 2015 hasta hoy), una parte de la incompatibilidad y de complementos específicos, en especial de Limpieza, Policía Local y Bomberos.
Por los casi cinco millones de euros restantes, que se corresponden con las ayudas baremadas (gratificaciones sociales en las que se incluyen ayudas médicas, entre otras), los trabajadores tendrán que esperar hasta que llegue el año que viene.
El edil reconoció que ha faltado mayor coordinación con el área de Intervención para explicar el retraso en el abono de los complementos. A ello se añade el hecho de que los expedientes son voluminosos (las ayudas sociales tienen más de 10.000 páginas) y al método de trabajo que adopta Intervención, que prefiere depurar los errores en las nóminas antes de seguir con su tramitación, al contrario de lo que se hace en otras administraciones donde luego se ajusta el salario en mensualidades posteriores.
Regidor dio estas explicaciones a los representantes de los 2.700 trabajadores que se concentraron ayer en las Casas Consistoriales y a los que no se les dejó asistir al pleno. La protesta, organizada para exigir el pago de la deuda salarial, constituye la primera movilización conjunta de toda la masa laboral del Ayuntamiento a la que se enfrenta este grupo de gobierno.
La situación afecta a todos los trabajadores. Víctor García, de USPB, explicaba que «este mes, por vez primera en diez años, la Policía Local no ha cobrado el plus de nocturnidad, el plus del grupo especial y los festivos».
El representante de Intersindical Canaria Sergio Melián aseguró que se habían presentado 290 demandas individuales contra el Ayuntamiento porque no ha abonado la totalidad del plus de incompatibilidad.
Para Penélope Rubio, de UGT, «se trata de un problema de gestión», y lamentó que en la reunión de esta semana con el alcalde, Augusto Hidalgo, no se haya llegado a ningún compromiso.
Desde CC OO, Antonio Santana también criticó la gestión, mientras que Leonardo Perera (CSIF) aseguró que «el Ayuntamiento se escuda en Intervención» pero cree que hay «mala idea» porque lo sabían desde hace tiempo. Él exculpó a Intervención del problema porque en este área trabajan seis personas que tienen que gestionar las nóminas de un total de 2.700 trabajadores.
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