Cada trabajador despedido por Limpieza cobrará 6.000 euros

Javier Darriba

Sábado, 3 de agosto 2019, 11:30

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría tener que afrontar el pago de más de medio millón de euros -algunas fuentes calculan que la cantidad podría superar los 700.000 euros- en concepto de abono de los salarios dejados de percibir desde el pasado mes de enero por los 143 trabajadores despedidos del servicio municipal de Limpieza.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (¨TSJC) no solo condena al Consistorio a readmitir a estos trabajadores «en las mismas condiciones anteriores al despido» sino también al pago de los salarios «hasta que la readmisión tenga lugar».

El delegado del sindicato Comisiones de Bases de Canarias (Co.Bas), César Santana, aseguró que si se computa algunos extras como la paga de Navidad «es un dinero». De acuerdo a sus cálculos, y siempre que la reincorporación al servicio municipal de Limpieza se produzca en torno a septiembre u octubre, el Ayuntamiento adeudará a cada trabajador entre 6.000 y 7.000 euros, aunque de esta cantidad habrá que detraer algunos conceptos como las liquidaciones.

«Esto va a costar y parece que también vendrá otra sentencia favorable a los trabajadores del servicio de Recogida respecto al trabajo de los sábados», prosiguió el representante sindical, quien bromeó al afirmar que «van a tener que pagar con la subida salarial de los concejales».

Como media, los empleados del servicio de Limpieza contratados para proyectos temporales cobran unos 830 euros al mes. Y en este caso, había que abonarles al menos siete meses. Además, en el mejor de los casos, si el número de despedidos que ha encontrado acomodo en la última convocatoria de empleo de Limpieza -que se inició hace unas semanas- ronda el medio centenar y todos optan por mantener sus condiciones laborales actuales, la deuda municipal con el resto de peones rondaría el medio millón de euros.

«Llegar aquí nació de la mala gestión realizada por la exconcejal Pilar Álvarez, puesto que desde el llamamiento de estos trabajadores ya hubo inicialmente irregularidades en la contratación», expone Co.Bas en el comunicado emitido a raíz de la sentencia del TSJC.

César Santana recuerda, además, que «la única concejala que apoyó a estos trabajadores, llevando mociones al pleno y en los medios comunicación fue Ángeles Batista», que en el mandato pasado era edila por el grupo Unidos por Gran Canaria.

Por otro lado, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pidió ayer, a través de su portavoz, Pepa Luzardo, «que se readmita inmediatamente a los 145 trabajadores y se cumpla la sentencia del TSJC».

Los populares explican que los problemas sufridos por estos trabajadores tienen un largo historial. Primero fue el «bochornoso trato» recibido por el tripartito, ya que fueron llamados durante varios días para formalizar contratos desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018, tras lo cual el tripartito anuló ese compromiso de contratación.

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Más tarde, el alcalde Augusto Hidalgo rectificó, ante la presión de los trabajadores, la oposición y los medios de comunicación, pero estableciendo contratos de menor duración a la comprometida para luego amagar con despidos antes de acabar el año que, finalmente, no se produjeron. Los trabajadores continuaron en sus puestos sin firmar ninguna renovación de contrato hasta el 31 de diciembre. «No solo nadie del grupo de gobierno ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido, sino que además, Hidalgo consintió la mala gestión de la anterior edil y no se atrevió a cesarla», dijo Luzardo.