«Aquí, si me pasa algo, grito y alguien se asoma, en un piso no»

Javier Darriba

Sábado, 27 de octubre 2018, 08:37

Son tres consideraciones desde tres perspectivas vitales, todas marcadas por el ejercicio de la prostitución. Desde su aportación a la Mesa de la Convivencia de Arenales, entienden que la nueva normativa urbanística aprobada ayer por el pleno empeora sus condiciones de trabajo y seguridad. «Parece que quieren mandarnos a un piso cerrado o a un club de los muchos que hay en la ciudad», explica una de ellas a la citada mesa. «En un piso tengo más riesgo de ser agredida», añade otra.

Sus voces no sonaron en el pleno y su realidad no fue abordada ayer por las normas urbanísticas que imponen a los prostíbulos distancias de 300 metros de los colegios y de 150 metros de unos a otros. Pero las consecuencias de esta ordenación si les afectarán, sobre todo en Arenales. «Está bien que se quiera hacer algo contra la venta de drogas, por tanta pelea y las cosas que se ve en la calle, pero en realidad esta normativa a quien afecta directamente es a nosotras», señalan.

La propuesta es una adaptación al decreto del Gobierno de Canarias, pero también impone condiciones que forman parte del ámbito municipal y que se inspiraron en la experiencia de otras ciudades.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, insistió en que el Ayuntamiento no regula con esta media la prostitución. «No lo abordamos desde la perspectiva urbanística porque es un drama social», dijo, «pero estamos obligados a recogerlo en el planeamiento». El edil acusó al PP de generar «alarma e incertidumbre al mezclar el urbanismo con un problema social».

Sin embargo, el portavoz del PP, Ángel Sabroso, le respondió que es Doreste quien mezcla los dos asuntos por la regulación urbanística. El edil aseguró que entendía que se quisiera alejar los prostíbulos de los centros educativos pero asegura que el abordaje de este asunto debe hacerse desde la perspectiva social, y no desde la urbanística. El edil reprochó al gobierno que hubiera articulado las normas de espaldas a la Mesa de Trabajo por la Convivencia con la Prostitución en Arenales y lamentó que finalmente se esté propiciando desde el Ayuntamiento un clima de enfrentamiento en la zona de Arenales, la más afectada por la regulación municipal.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Javier Amador, lamentó que las exigencias que impone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los prostíbulos vaya a «llevar a una parte de la prostitución a la calle». También criticó que «se va a caer en el peligroso absurdo de poder dar licencia de apertura para una actividad sobre la que no hay ningún tipo de normativa laboral y en la que sus trabajadoras no están amparadas por ningún tipo de derecho laboral». Por eso, se preguntó si existe «algún objetivo urbanístico» en la modificación que impulsó el grupo de gobierno.

Un paso más allá lo dio la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, al decir que la expulsión de los prostíbulos de Arenales podría propiciar un «pelotazo urbanístico» en el barrio.

Precisamente este argumento es el que empleó Juana María Ortega, como representante y portavoz de los locales de alterne del barrio de Arenales. Para ella, «quieren hacer otra operación como cuando en su momento hicieron La Gran Manzana en la calle 18 de Julio».

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La regulación urbanística de los prostíbulos también tuvo en el pleno de ayer el respaldo de algunos vecinos del barrio que están recogiendo firmas en favor de la aplicación de la nueva norma. Su representante fue Juan Manuel León, quien entiende que «es el modo de acabar con los problemas de inseguridad, los robos, los ruidos y las peleas que se generan alrededor de la prostitución» en las calles de su barrio.