Abordar la prostitución desde la lógica urbanística es «grave»

Javier Darriba

Jueves, 11 de octubre 2018, 10:11

En octubre de 2016 nació el proyecto Conviviendo Arenales como un proceso comunitario que tiene como fin la mejora de la convivencia en el barrio. En este marco, se constituyó una mesa de trabajo que conformaron asociaciones de vecinos, mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata y colectivos como Médicos del Mundo y Cáritas, los servicios sociales municipales y el centro de salud de la zona.

Estos colectivos consideran que es «grave» que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se limite a regular la prostitución en la ciudad como una actividad clasificada, como un comercio que debe presentar un estudio de incidencia ambiental para ser autorizado y que debe respetar dos distancias mínimas: de 300 metros al colegio más cercano y de 150 metros al prostíbulo más cercano.

«Desde la mesa consideramos grave que la realidad e prostitución y trata de seres humanos se aborde desde la lógica urbanística, ambiental y de seguridad. Dejar fuera toda la problemática social de desigualdad y de explotación de las mujeres invisibiliza este complejo fenómeno que requiere de acciones integrales enmarcadas en un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género», explican desde dicha mesa.

Sus integrantes, que no fueron consultados por el Ayuntamiento a la hora de introducir estos cambios en el Plan General de Ordenación, apelan «a la responsabilidad pública y civil para velar por el respeto a la intimidad y la garantía de los derechos de las mujeres, retomando el diálogo social sobre esta realidad con las entidades que tienen una larga trayectoria de acompañamiento a las mujeres en contexto de prostitución».

Por su parte, los colegios que están en la zona aseguran que la prostitución no les genera quejas de los padres ni demasiados problemas más allá de la suciedad de primera hora de la mañana que lamenta el Nanda Cambres.

«Por el día no se ve nada, salvo la suciedad alrededor del centro», explican las fuentes consultadas por este periódico, «si bien nos parece estupendo que quiten esta actividad del entorno de los colegios».

Desde la dirección del Aguadulce se explicó que «nunca ha habido problemas con la prostitución». Tan solo recuerda que hace una década se llegó a un acuerdo para que «las chicas no se pusieran en la calle a la hora de entrada y salida de los niños al colegio».

Desde el colegio María Auxiliadora se declinó la posibilidad de hacer declaraciones al respecto.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, explicó ayer que las tres condiciones que se imponen a los prostíbulos «son potestativas, elección del gobierno tripartito».

Según el edil, «una vez que esta norma entre en vigor, todos los establecimientos de naturaleza sexual tendrán obligación de solicitar licencia de actividad y deberán cumplir estas limitaciones que el tripartito ha decidido poner».

«Se trata de un tema importante y de especial sensibilidad, por lo que nos sorprende enormemente encontraron con una norma, por primera vez en la ciudad, que no ha sido trabajada, ni tan siquiera informada a nadie», prosiguió el concejal del PP, «creemos que en estos asuntos, el consenso, o al menos su intento, es un buen consejero, pero el tripartito ha optado por no contar con nadie».

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La regulación de la actividad desde el punto de vista urbanístico proviene de las normas estatales y autonómicas de hace cinco años, si bien el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria especificó las distancias en base a lo que se hace en otras ciudades como Barcelona o Bilbao.