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El dato lo dio este miércoles el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en el acto inaugural de las jornadas Maltrato Animal, raíces del maltrato a los animales y respuesta normativa, que celebran este miércoles y jueves en la Casa Palacio. Dijo que en España se abandonan al año 135.000 animales, de los que 10.000, es decir, un 7,4%, corresponden solo a Gran Canaria, y de ellos, unos 5.000 acaban en el albergue insular de Bañaderos. La cifra, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, es «insoportable». Pero Morales introdujo una variable esperanzadora. Aseguró que hasta el 1 de enero de 2017, en que el Cabildo tomó las riendas otra vez de ese albergue y se le encomendó a la empresa pública regional Gesplan, «la mayoría de los animales que ingresaban allí eran sacrificados», más de 3.000 al año, que, según el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, eran casi tres veces más que los de Madrid capital antes del sacrificio cero actual. Ahora no, dijo Morales. Y lo probó con números. «Hasta mediados de junio de 2017, entraron en el albergue 1.458 animales (1.193 perros y 265 gatos), pero en este periodo aumentaron las adopciones y hoy 1.034 de estos animales (878 perros y 156 gatos) están con una familia de adopción», indicó.
Rodríguez cree, en todo caso, que esas cifras de abandono son inadmisibles, ante las que, según dijo, «hay que actuar de manera contundente». Y un primer paso pasaría por coordinar mejor a todos los agentes implicados en esta lucha, de ahí que estas jornadas estén dirigidas a concejales y técnicos municipales con la idea de formarlos y coordinarlos en pro de una gestión más eficaz.
Entre las medidas citó la necesidad de «consensuar una ordenanza municipal, idéntica en todos los municipios, que homogeneice las sanciones». Enrique Rodríguez, presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, apuntó que aunque hay ayuntamientos que están haciendo los deberes, como Santa Lucía, Agüimes o Mogán, en general la isla está a la cola de España. «Hay sanciones ridículas, municipios donde no hay a quién denunciar y albergues municipales con condiciones de Auschwitz».
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