Canarias buscará sus huesos

La futura ley de memoria histórica de Canarias iniciará en unos días su andadura parlamentaria después de que este lunes el Consejo de Gobierno informara favorablemente a su tramitación. Desde 2007, que se aprobó la norma a nivel estatal, las asociaciones para la recuperación la memoria histórica en Canarias han venido reclamando un texto autonómico que viniera a cubrir el vacío con el que se tropiezan cada vez que afrontan la búsqueda y localización de fosas y la exhumación de restos.

La Proposición de Ley que rubrican todos los grupos parlamentarios dispone entre sus objetivos el fomento por parte de «las administraciones públicas canarias», junto con las asociaciones, de la «búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas» entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución en 1978, también la identificación de las víctimas, localización y exhumación de sus restos. Las administraciones tendrán además el deber de divulgar los hechos ocurridos en Canarias durante la etapa franquista.

Para cumplir con esos objetivos, la futura ley, contempla que sean «las administraciones canarias» las que financien «los gastos que se originen como consecuencia de la localización, exhumación, identificación y traslado de los restos», aunque también contempla la financiación con «aportaciones de otras entidades públicas o privadas».

Además de la creación de un registro de víctimas, de un mapa de fosas y de un banco de ADN, el texto sancionado ayer por el Gobierno establece un protocolo y un procedimiento de exhumaciones en el que juega un papel fundamental la futura Comisión Técnica de la Memoria Histórica, un órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor adscrito al departamento del Gobierno que tiene atribuidas las competencias en la materia.

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, aseguraba tras conocer la decisión del Gobierno y en nombre del resto de asociaciones que la futura ley «tiene que tener los objetivos muy claros» que no son otros, dijo, que la «búsqueda, localización, exhumación e identificación» de las víctimas y con una financiación clara. Por eso pide que en el texto definitivo «no se intente despistar» con aspectos como la retirada de símbolos o el cambio de nombres de calles -que también recoge-, «que está bien claro en la ley nacional».

Pérez Schwartz se lamentó de que la ley haya salido del Parlamento sin que el grupo de trabajo que la ha elaborado se haya reunido «ni una sola vez con las asociaciones» que la han promovido. «Salvo la reunión que mantuvimos en marzo con la presidenta y los portavoces de los grupos no ha habido ningún contacto», dijo, al tiempo que pedía que en el trámite parlamentario los grupos «consulten a las asociaciones» antes de presentar sus enmiendas.

La junta de portavoces de este martes, a petición de CC, PSOE y el grupo Mixto, debatirá la convocatoria de un pleno extraordinario para tomar en consideración la ley y comenzar su tramitación parlamentaria.

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