Unidas se Puede ve «escandaloso» el informe de Anticorrupción sobre el caso Grúas

"Tener un presidente y un alcalde señalados como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias en los escritos de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía Anticorrupción es sencillamente escandaloso, y que se les mantenga como candidatos demuestra el nivel ético de Coalición Canaria", manifiesta en una nota.

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el concejal ve una "ratificación" a los escritos aportados por la parte denunciante, en los que han detallado "incumplimientos muy graves o gravísimos del pliego de condiciones", tanto desde el punto de vista técnico como laboral, "así como la existencia de procesos en los que los propios funcionarios no fueron escuchados o no pudieron informar, como en el proceso de compraventa de 2011 y en la entrega de un préstamo de 120.000 euros".

Asimismo, destaca que en este proceso no se realizó actuación alguna en orden a la exigencia del cumplimiento del pliego de condiciones o la incoación de expedientes penalizadores a la concesionaria, al contrario, los expedientes administrativos mantenían hasta 2014 que "la prestación de los servicios se está llevando a cabo de conformidad con las prescripciones que se contienen en el pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas".

Las personas vinculadas al caso Grúas no sólo incumplieron el deber legal de inspección y control del servicio, a la luz de la documentación analizada, sino que, en unos casos, destaca Ascanio, "ocultaron estos incumplimientos, y en otros casos lo negaron para posibilitar que la empresa concesionaria continuara prestando el servicio a través de la prórroga del contrato administrativo, a pesar de conocer la situación económica financiera de la empresa, sabiendo que se había prestado un servicio que contravenía la normativa de ordenación del transporte terrestre e incumpliendo los derechos laborales básicos de los trabajadores".

A su juicio, "es sintomático la voluntad de la Junta de Gobierno local de ese momento de no tomar conocimiento de los informes de conclusiones y estado de la deuda por parte de los interventores del servicio, al menos los informes de ocho de abril y veinticuatro de abril de 2014, que indican cómo el criterio político se impuso al técnico en este caso".

Ascanio considera también que las declaraciones que vienen reclamando desde abril de 2018, vinculadas a José Padilla, propietario original de la empresa, y a los trabajadores que notificaron más de una treintena de denuncias sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo en el servicio, sin que se acometiera el más mínimo expediente al respecto, "serán claves en este proceso".

El grupo denunciante cree que este proceso "no tiene marcha atrás", especialmente en el momento en el que, "sin justificación se optó por mantener el servicio a una empresa que claramente había incumplido con buena parte de lo establecido en el pliego de condiciones y debía haber sido apartada del servicio".

Ascanio asegura también que en casos similares, "el Ayuntamiento no ha tenido problema en retirar un servicio público a la concesionaria que no cumple, en este caso se tuvo en cuenta los vínculos personales o políticos por encima del interés general".

El nuevo escrito de la Fiscalía es, para Rubens Ascanio, un "elemento demoledor, que pone en cuestión la gestión realizada y a sus responsables", y entiende que es una "temeridad" que Coalición Canaria "no tome cartas en el asunto con la suma de datos aportados en los escritos judiciales sobre sus candidatos".

Además, manifiesta que el recorrido del recurso ante el Supremo de la defensa de Clavijo "es un paso más en una carrera jurídicamente alocada para mantener un privilegio de aforamiento cuando no toca, una carrera que seguramente acabe desestimando ese escrito, como los anteriores".

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