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La Consejería de Turismo«flexibilizará» las condiciones de la vivienda vacacional para pequeños propietarios en el anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
La consejera, Jessica de León, detalló este lunes que el texto elaborado por su departamento ha recibido 3.033 alegaciones en el periodo de consulta pública y, aunque se introducen modificaciones en el documento inicial, se mantiene «el espíritu de la ley».
Entre esos cambios, señaló como ejemplo que se reduce a 25 metros cuadrados la superficie mínima de estas viviendas -que a priori habían sido descartadas- frente a los 39 metros fijados anteriormente.
Además, se amplía el régimen transitorio para que cabildos y ayuntamientos puedan dar de alta las actividades clasificadas, cuestión que -recordó- ya estaba entre las exigencias de la ley de 2015.
Esta flexibilización, puntualizó De León, no implica modificar el «espíritu de la ley», que tiene como eje «ni una vivienda vacacional más sin planeamiento».
En cambio, han recibido alegaciones «variopintas» que chocaban con la ley o con las «líneas rojas» establecidas en el anteproyecto.
En este sentido, la consejera indicó que se mantiene el porcentaje de 90% del suelo para uso residencial y 10% para actividad turística, a pesar de ser uno de los aspectos más criticados por los ayuntamientos.
A su juicio, «es un error creer que esto es un problema solo de Canarias» porque esta reflexión ya se está llevando a cabo en ayuntamientos como Sevilla, Valencia o Madrid.
Insistió la consejera en que ordenar la vivienda vacacional «siempre ha sido competencia de los ayuntamientos de acuerdo a su planeamiento». Es decir, agregó, «las corporaciones locales tienen el deber y las herramientas para ordenar la actividad, y cada eslabón que se da, recuerda sus competencias y pone herramientas para que las ejerza».
Según sus previsiones, el proyecto de ley entrará en el Parlamento el 30 de septiembre, con el objetivo de que sea aprobado antes de fin de año.
Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la declaración de urgencia del anteproyecto «motivada por la necesidad social» de regular este subsector de la industria turística. De este modo, se reducirán los plazos a la mitad y se acelerarán los trámites.
Por otro lado, la consejera puntualizó que en Canarias ya se paga un impuesto por la pernoctación, que es el IGIC, y por eso el Gobierno no es partidario de poner una ecotasa turística como ya aplican otras comunidades como Baleares o Cataluña porque sería lineal y afectaría tanto a los extranjeros como a los propios canarios.
Detalló que las tasas son competencia de cabildos y ayuntamientos en contraprestación por un servicio, e insistió en que las pernoctaciones ya están gravadas y no es partidaria de «otro impuesto al hospedaje».
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