Los temporales elevan la presión sobre el Gobierno

Los empleados públicos interinos y temporales de la administración general de la comunidad autónoma continúan con sus movilizaciones para exigir al Gobierno de Canarias una solución a su situación de abuso de temporalidad. Reclaman que la Consejería de Administraciones Públicas convoque la firma del primer acuerdo alcanzado entre las dos partes el 23 de abril y que el departamento que dirige Julio Pérez anuló un día antes argumentando la falta de un informe jurídico. Estos trabajadores mantienen desde ayer y hasta el próximo jueves jornadas de paro dentro de la huelga fijada hasta final de año.

Los representantes de los sindicatos convocantes de esta huelga, Manuel González (Sepca) y Rafael Rodríguez (Intersindical Canaria), indicaron ayer que la semana pasada se volvieron a reunir con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, sin que se produjeran avances. En este encuentro le transmitieron su «malestar» por la demora en la firma de ese primer acuerdo y le pidieron que «acelere la salida a este conflicto y no se deje presionar por miembros del propio Gobierno y de otros sindicatos».

Ese acercamiento entre sindicatos y administración estaba encaminado a conseguir la permanencia del personal no fijo que se encuentra en situación de abuso de temporalidad y para ello, la primera medida que se puso sobre la mesa fue identificar y catalogar a las personas que están sujetas a abuso de temporalidad y establecer los mecanismos necesarios para su permanencia hasta la extinción de su vínculo contractual con la administración.

Con este objetivo, la previsión era constituir dos grupos de trabajo: uno encargado de identificar a las personas sometidas a abuso de temporalidad en el marco de los diferentes departamentos, agencias y organismos autónomos de la administración general y otro que tendría que estudiar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para garantizar la permanencia. Esta salida, dice Rodríguez, era el «arranque a una salida definitiva». Sin embargo, señala González, «el consejero ahora nos da excusas, porque el informe jurídico iba a estar elaborado en diez días, pero y ha pasado un mes seguimos sin saber qué pasa». «Ha dejado tirado a parte de su personal», concluye.

Tanto el dirigente de Sepca como de Intersindical hacen hincapié en que en torno al 40% de los fondos europeos que recibirá la comunidad autónoma debe ser gestionado por empleados en situación de abuso de temporalidad, además de servicios esenciales como los de dependencia o empleo.

Por otro lado, los sindicatos convocantes de la huelga en Canarias ya han manifestado su rechazo a la propuesta que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha presentado a la Comisión Europea y que pretende celebrar oposiciones para convertir en fijas las 300.000 plazas estructurales de empleo público que en este momento están ocupadas por interinos. «Si la línea de Canarias es la que ha propuesto el ministro, que tengan la seguridad de que la vamos a impugnar», afirma Manuel González.

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Rafael Rodríguez insiste en que la solución «pasa por dos niveles». Una de futuro. Se deben convocar OPE para toda la ciudadanía porque la comunidad autónoma necesita personal. Pero también debe haber una respuesta «hacia atrás, dando una solución digna al personal que lleva muchos años trabajando» en la administración pública y «porque es lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo».