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La comisión de relaciones con la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias debatió este viernes un informe sobre los cabildos insulares relativo al ejercicio de 2019. De este modo, los diferentes grupos parlamentarios comprobaron y dieron el visto bueno a una realidad que se remonta a hace seis años. Partiendo de esta base, rechazaron por «extemporáneo» fiscalizar cuentas de hace treinta años, como había pedido el grupo Socialista en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Los parlamentarios estuvieron «a favor de que se investigue», pero en contra de que «se utilice a la Audiencia de Cuentas».
El informe debatido se refiere a las subvenciones otorgadas por los cabildos en ese ejercicio de hace seis años. Y si algo quedó claro es que las entidades insular conceden de manera directa más subvenciones de las que se recomienda: entre un 81 y un 90% son dadas de forma directa.
En cuanto a la tardanza de la fiscalización de la Audiencia de Cuentas, su presidente Pedro Pacheco recordó que 2020 fue año de pandemia, y la comisión parlamentaria lo debatió casi dos años después de que la Audiencia lo remitiera a la cámara en junio de 2023. Así que, entre unas cosas y otras, han transcurrido seis años desde el ejercicio fiscalizado.
Con todo, en las conclusiones del informe presentado ante la comisión parlamentaria se pone de manifiesto la «falta de planificación de las subvenciones por parte de los cabildos», a la par que una falta de planificación presupuestaria; y eso lleva a una ausencia de indicadores para el seguimiento y evaluación de los objetivos de esas ayudas.
Además, los cabildos han convertido en ordinario lo que debiera ser extraordinario. La concesión de subvenciones los cabildos las otorgan de manera directa; en el mejor de los casos en el 81% de las ocasiones y en el peor en el 95%.
El presidente de la Audiencia de Cuentas presentó además ante la comisión parlamentaria otro informe de fiscalización relativo a la contabilidad de los partidos políticos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, a los efectos de la liquidación de las subvenciones electorales en función de las facturas de gastos.
El informe de la Audiencia de Cuentas, remitido al Parlamento hace una año y debatido este viernes, es en general positivo sobre la rendición de cuentas de los partidos, con algunas salvedades, que afectan a unos 117.000 euros de entre más de 3,7 millones, relacionados con pagos realizados desde cuentas bancarias que no eran las asignadas a los gastos electorales o pagos realizados fuera de plazo. En todo caso, no supone ello una irregularidad significativa, según se puso de manifiesto en la comisión.
Sobre la contabilidad de estos gastos, la Audiencia de Cuentas ha pedido al Parlamento de Canarias que considere la posibilidad de modificar la Ley electoral para clarificar cómo se contabilizan las subvenciones electorales correspondientes a los votos o los escaños de la nueva circunscripción electoral autonómica, que en la última reforma del sistema electoral se sumó a las siete circunscripciones insulares.
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