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Laexdirectora general de Recursos Económicosy responsable de las compras centralizadas de material sanitario durante la pandemia, Ana María Pérez, ha sido la última compareciente en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en acogerse a su derecho a no declarar.
Aunque es una circunstancia contemplada en este tipo de iniciativas, lo cierto es que el silencio de comparecientes relevantes en este asunto puede acabar restando peso al trabajo que se lleva a cabo en la Cámara para dirimir responsabilidades políticas en caso de que se pruebe que hubo irregularidades en la adquisición de mascarillas y otros productos sanitarios por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la crisis sanitaria del covid.
Antes que Pérez, decidieron no hablar otros citados como el administrador único de RR7, Rayco González (sólo contestó algunas preguntas), que cobró cuatro millones de la comunidad autónoma por mascarillas defectuosas que fueron destruidas; su pareja y responsable de la empresa Baremar, Belén de los Ángeles Arencibia; el apoderado de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaetxe; o las funcionarias de Aduanas María Ortega y María José Caballero.
En estos dos últimos casos, tanto CC como NC calificado de «incomprensible», «inaceptable» e «irresponsable» este silencio al señalar que en ningún caso se les preguntó acerca de materias tributarias o reservadas, como argumentaron para no contestar a las preguntas de los miembros de la comisión.
A ello se suman otras personas que no han podido ser localizadas a pesar de utilizar incluso los servicios policiales, como el Koldo García, exasesor del José Luis Ábalos mientras fue ministro, y que da nombre a una trama corrupta que presuntamente se lucró con la compra de mascarillas.
A pesar de estas incidencias, los partidos que promovieron la iniciativa, CC y PP, mantienen que la comisión «está poniendo luz» a la gestión que se hizo durante el covid por parte del Gobierno de Ángel Víctor Torres, tal como apunta el diputado popular, Fernando Enseñat.
Subraya que este trabajo se está desarrollando de forma escrupulosa para intentar conocer la verdad y «al margen de posiciones políticas», tal como se está revelando de las declaraciones que se están obteniendo.
Insiste Enseñat en puntualizar que el objetivo de este grupo de trabajo «no es dirimir delitos penales, no somos jueces. Hablamos de responsabilidades políticas» y en este sentido confía en que las conclusiones de la comisión puedan ser consensuadas.
Este extremo es cuestionado por Esther González (NC), quien vaticina que la fase de conclusiones se puede convertir en un «guirigay» porque los grupos «van a mantener las posiciones previas», lo que en ocasiones les está llevando a someter a los testigos «a un tercer grado».
Entiende que «si hay una historia negra, lo determinará un juez. Si no, esto se puede convertir en un circo». Además, en su opinión hay comparecencias que «no están justificadas» lo que provoca, advierte, de la «pérdida de tiempo y dinero» y señala que, a tenor de lo que se está viendo, «de la comisión de investigación saldrá poco, por no decir nada».
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, destaca el valor de la documentación que ha recabado la comisión y que permite «contrastar» las declaraciones de los comparecientes, lo que permitirá extraer conclusiones «certeras».
Por el contrario, lamenta el «desinterés» del algunos grupos, como el Socialista, para encontrar respuestas a lo que ocurrió en la gestión de la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Al respecto, añadió que los diputados del PSOE en ocasiones «alientan» el silencio de los intervinientes o hacen de abogados defensores porque «hay partes que no quieren que se esclarezcan».
Quién fue el responsable último en la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud durante la pandemia; quién tomó la decisión para que «el caso Koldo estableciera la ramificación canaria de Torres»; por qué Conrado Domínguez «hacia y deshacía» en Sanidad cuando aún no tenía ninguna responsabilidad en la Consejería; por qué se sustituyó el comité ejecutivo sanitario por un comité de gestión no reglado y del que no se levantaban actas; o cuándo, cómo y dónde se destruyeron las mascarillas por las que la comunidad autónoma pagó cuatro millones de euros a RR7.
Son algunas de las cuestiones que siguen sobre la mesa y que hasta ahora no han encontrado respuesta en la comisión de investigación, ni a través de la documentación requerida ni a través de la declaración de los comparecientes.
Contestarlas es el principal objetivo de Coalición Canaria y Partido Popular cuando ya casi ha pasado el ecuador del tiempo otorgado a este grupo de trabajo porque, tal como apunta el diputado del PP, Fernando enseñat, de los 81 millones contratados durante la pandemia, «al menos 22 millones están sujetos a algún tipo de investigación».
La comisión, con el respaldo de todo el pleno parlamentario, se constituyó el 20 de mayo y durará como máximo diez meses, ya que el plazo inicial es de seis meses, aunque prorrogables cuatro meses más.
Para la última parte se ha dejado a altos funcionarios, personal de confianza y cargos políticos. Entre las personas citadas que aún deben pasar por la comisión figura el exdirector del Servicio Canario de Salud e investigado por la compra de mascarillas, Conrado Domínguez, y en le Parlamento se da por hecho que se acogerá a su derecho a no declarar dado su condición de investigado por este caso.
Además, será citado el expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor torres. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra un encuentro con Ignacio Díaz Tapia, el intermediario de Megalab -una de las empresas relacionadas con el caso Koldo- a pesar de que tanto en la comisión del Senado como recientemente, indicó que no le consta este encuentro aunque «probablemente» se produjo. El PSOE ha manifestado siempre su disposición a colaborar.
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