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El Gobierno de Canarias espera cerrar esta misma semana con el Estado la modificación de la Ley de Extranjería para no «verse abocado» a llegar al verano sin acuerdo, sobre todo porque la previsión de llegada de migrantes que maneja están «muy, muy por encima» de las registradas en 2023, año en el que se contabilizaron casi 40.000 personas las que alcanzaron las islas a bordo de pateras y cayucos.
El portavoz del Ejecutivo y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, señaló este lunes en la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que el cambio normativo es la «única vía» para avanzar en la defensa de los menores porque la solidaridad «ha fracasado» dijo.
Recordó al respecto que de los 339 chicos que se debían derivar a otros territorios tras un acuerdo de la conferencia sectorial del pasado mes de octubre, sólo se han trasladado 16. Uno de los escollos en este sentido es que en las derivaciones de adultos se incluyen personas que dicen tener menos de 18 años y esta circunstancia paraliza el resto de traslados.
Cabello insistió en que estos días debe quedar cerrado el acuerdo que vincule a todas las comunidades autónomas. La reunión celebrada el mes pasado entre el presidente, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se saldó con un acuerdo general a falta de algunos flecos pendientes.
Entre éstos, el más complicado de encontrar una solución y que sigue abierto es el procedimiento para aplicar la modificación de la Ley. El Gobierno de Canarias sigue abogando por un decreto ley, porque es más rápido, mientras que el Estado defiende una proposición de ley urgente, de lectura única y sin vetos por parte del Senado, pero que tardaría al menos tres meses.
En cambio, se han conseguido avances en el resto de asuntos, entre ellos, que los menores que excedan el cupo asignado a la comunidad canaria sean asignados a otras autonomías por parte del Estado «automaticamente y en un plazo máximo de quince días. Serían los territorios de acogida definitiva los encargados de hacer las pruebas óseas. Esta cuestión, dijo el portavoz, debe estar anclada a la ley para que funcione de manera automática.
Además, tal como indicó, está avanzada igualmente la suficiencia financiera por parte del Ministerio de Hacienda para abonar el coste de la acogida a las comunidades. En cualquier caso, apuntó Cabello, «los tramos más gruesos están cerrados», e insistió en que al Ejecutivo autonómico «le preocupa el verano» por la previsión de llegadas.
Según el acuerdo con Madrid, Canarias acogerá un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados. Tal como apuntaron en la reunión Clavijo y Torres, para la distribución de los chicos se utilizarán los criterios aprobados en la conferencia sectorial de 2022.
De esta manera, se trasladará a los jóvenes cuando se exceda el 150% de capacidad fijada para ese territorio. Puntualizó el portavoz del Gobierno que Canarias atiende actualmente a 5.414 chicos y ha pasado de 20 a 78 centros.
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