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El Servicio Canario de Salud aceptó un presupuesto de 1,3 millones de euros fechado el 20 de abril y remitido por la empresa Sanitary Traders Spain SL para la compra de material sanitario a pesar de que la empresa se constituyó formalmente un día después. Lo hizo el 21 de abril de 2020, esto es, con el presupuesto ya enviado y aceptado por el Gobierno canario.
Se trata de otra de las decisiones bajo sospecha que se tomaron en abril de 2020, con Antonio Olivera como director del SCS, Julio Pérez al frente de la Consejería de Sanidad y Ángel Víctor Torres en la Presidencia y al frente de un comité de emergencia en el que estaban también los citados altos cargos.
El Gobierno endosó después esos pagos a fondos comunitarios, según queda acreditado en una resolución fechada en abril de 2021 y firmada por la que fuera directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. En 2021 ya dirigía el SCS Conrado Domínguez. Tanto Pérez como Domínguez siguen investigados por el caso Mascarillas.
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Sanitary Traders Spain SL tiene sede en la calle Pilarillo Seco 8, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue constituida el 21 de abril de 2020, un día después de que el Servicio Canario de Salud diese por buena su oferta para traer material sanitario, acogiéndose la administración a un procedimiento sin publicidad en el marco de las medidas excepcionales arbitradas ante la pandemia.
En concreto, la oferta fue para traer mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y batas impermeables y antibacterias. Esa oferta inicial acabó formalizada en cinco contratos. Entre la propuesta inicial (la «número 100/2020 de fecha 20.04.2020», según el expediente oficial), los cinco contratos y los pagos, el Servicio Canario de Salud hizo una corrección al detectar un «error aritmético». Así se recoge en un documento oficial firmado por Ana María Pérez.
Tras esa corrección, el desglose del pedido fue el siguiente: 133.300 mascarillas quirúrgicas, a razón de 0,99 euros la unidad, por un montante global de 131.967 euros: 133.300 mascarillas FFP2, a 2,95 euros la unidad, por 393.235 euros, y 133.300 batas, a 5,95 euros la unidad, por 793.135 euros. La suma total fue 1.318.337 euros.
Esa cantidad se desglosó en estos contratos: el primero, el 10 de agosto de 2020 por 120.800 euros; el 14 de agosto de 2020 por 212,059,50 euros; uno con fecha de licitación de 20 de mayo de 2021 por 183.342,50 euros; otro de 26 de mayo de ese año por 255.255 euros; el quinto, con fecha de 11 de junio, por 537.880 euros.
Como administrador único de la sociedad aparece Diego Luis Cruz de Mercadal. La empresa se constituyó con un capital social de 4.000 euros. El administrador aparece con cargos societarios en una veintena de empresas más.
El 9 de abril de 2021, Ana María Pérez firmó una resolución detallando contrataciones sanitarias que se habían modificado para endosar los pagos a fondos comunitarias, en concreto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Entre las empresas mencionadas aparece Sanitary Traders con dos contratos.
La falta de cautelas en las compras sanitarias fueron objeto de dura crítica en el preinforme elaborado por la Audiencia de Cuentas y sometido en 2020 a su pleno. El documento recibió alegaciones del Servicio Canario de Salud, firmadas por su entonces director, Conrado Domínguez. Este organismo se aferró a que la situación excepcional derivada de la pandemia obligó a tomar medidas igualmente singulares, amparadas en todo caso por la flexibilización en las contrataciones que permitía la normativa aprobada para ello por el Gobierno central.
Tras hacer caso omiso de esas alegaciones, el preinforme llegó al pleno de la Audiencia y fue rechazado, en una decisión sin precedentes. Desde los partidos que integraban el Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) se habría hecho llegar a los consejeros de la Audiencia la conveniencia de frenar aquel documento.
Entre las contrataciones censuradas por la Audiencia estaban las realizadas con la empresa Soluciones de Gestión SL, vinculada al llamado caso Koldo, y la de RR7 United, que centra el caso Mascarillas. Esos contratos también aparecieron como consignados a financiación comunitaria, si bien con posterioridad la Intervención de la Comunidad Autónoma llegó a certificar que el de RR7 se costeó con fondos del Gobierno canario.
El papel del comité de emergencia en las contrataciones centrará previsiblemente los trabajos iniciales de la comisión de investigación que el Parlamento de Canarias creará en el pleno que se celebra este martes y miércoles. Coalición Canaria y Partido Popular retomaron la propuesta de creación de esa comisión tras estallar el escándalo de presunta corrupción ligado a Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
En la pasada legislatura nacionalistas y populares llevaron al Parlamento la propuesta de crear esa comisión de investigación, centrada entonces en el caso Mascarillas. El Pacto de las Flores impuso su mayoría parlamentaria y la propuesta fue rechazada, incluso sin debate en la tribuna del Parlamento.
Ahora las miradas están puestas en aquel comité de gestión cuya creación anunció el Gobierno, pero sin que conste acuerdo del Consejo de Gobierno.
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