Entrevista a la presidenta de la Fecam, Mari Brito

«Si no hay reparto de competencias, la ley del alquiler vacacional no funcionará»

– El Gobierno acaba de dar el visto bueno al anteproyecto de la ley del alquiler vacacional con modificaciones importantes. ¿Los alcaldes están satisfechos?

– Estamos pendientes de celebrar un comité ejecutivo de la Fecam para valorar el último texto. La semana pasada hubo una reunión con la consejera y su equipo y otra más técnica y, aunque hubo avances, aún faltan cuestiones importantes que no están recogidas en el texto. Por eso, debemos analizar los compromisos alcanzados y los pendientes, sobre todo en lo relativo a la carga administrativa que pone sobre los ayuntamientos y las posibles indemnizaciones que no podemos asumir.

– Usted ha dicho que esta ley puede suponer una quiebra importante a nivel económico para los ayuntamientos.

– Sí, porque consideramos que no se simplifica el procedimiento y, desde luego, entendemos que debe haber una cogobernanza real entre las tres administraciones: Gobierno, cabildos y ayuntamientos, donde nosotros hemos asumido las actividades clasificadas. Intentamos que se dicten instrucciones clarificadoras respecto a dudas en el cumplimiento de estas actividades y también con la tramitación del planeamiento para la zonificación de las áreas donde se podría articular la actividad. El Cabildo seguirá otorgando las declaraciones responsables, y el resto de la tramitación y las inspecciones deben quedar en manos del Gobierno de Canarias. Si la mayor carga de la tramitación recae en los ayuntamientos, no será una ley eficiente. Y esto nos preocupa.

– La consejera ha emplazado a cabildos y ayuntamientos a una nueva reunión para definir esas competencias. ¿Entienden que eso debió quedar aclarado al principio?

–Esperábamos que se hubiera resuelto ya. Así lo hemos solicitado y por eso no puedo pronunciarme más allá hasta que se reúna el comité ejecutivo. Entendemos que este diálogo con cabildos y ayuntamientos se tenía que haber celebrado antes. El 21 de julio dijeron que se iban a tener en cuenta las propuestas de la Fecam, y el 27 de septiembre no había cambiado nada. Agradezco la disposición de la consejera para nuevas reuniones, pero queremos ver certezas y esperamos que el compromiso de establecer una gobernanza se cumpla, de forma que articulemos una ley en la que todos participemos de forma equitativa y que la carga principal no recaiga en los ayuntamientos. Si queremos que la ley sea efectiva, tiene que haber reparto de competencias y responsabilidades. Si no, no va a funcionar porque no vamos a poder cumplirla. Una reivindicación de los alcaldes ha sido normalizar la vivienda vacacional, pero no podemos hacer una ley que no vaya a ser eficiente.

– ¿Qué es lo que queda en manos de los ayuntamientos?

– Eso es lo que tenemos que clarificar y tenemos dudas. A nosotros se nos otorga el informe del trámite de actividad clasificada, pero lo que hemos dicho es que hay que clarificar qué condiciones hay que aplicar a la vivienda vacacional, porque no se expresa como tal en la ley de actividades. La Consejería nos traslada que no existe otro sector donde se especifique tanto, y quizá se tendría que aplicar con competencias de Industria, lo que puede complicar el procedimiento. Nosotros nos comprometimos a hacer llegar nuestras dudas para clarificar y que se minimicen las interpretaciones por parte de los técnicos municipales, que ya está ocurriendo, porque queremos que haya unidad de criterios.

– También tendrán que hacer cambios en el planeamiento

– Otro de los compromisos de los ayuntamientos son las modificaciones del planeamiento, porque se consolida la actividad que esté en declaración responsable. Lo que pasa es que hay que revisarla y eso no puede recaer en los ayuntamientos. Ahí tienen que ser los cabildos los que revisen o que no se dé la doble revisión, que es lo que recoge la disposición transitoria primera. Es fundamental avanzar en este asunto.

– Es decir que ustedes tendrían que verificar que cumplan la ley no solo las 64.000 declaraciones responsables que se han presentado ante los cabildos hasta ahora sino las del futuro

– Eso es. Y no tenemos capacidad para hacerlo. Nosotros somos los primeros interesados en cumplir con la norma, pero también en tener una regulación justa y que nadie incumpla. No nos pueden trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de esa revisión y las posibles indemnizaciones.

– Han vaticinado un aluvión de demandas

– Sí, puede haber aluvión de recursos porque, si por un lado se consolida en la ley, y por otro hay una revisión que dice que no se puede consolidar porque hay algún incumplimiento... ¿eso se dirimirá en un juzgado?, ¿quien asume la indemnización que se puede derivar de esas demandas? Los ayuntamientos no estamos dispuestos. Eso lo hemos trasladado a la Consejería y preocupa como va a quedar en el proceso abierto esa disposición transitoria primera, como otras cuestiones que esperamos que se puedan abordar en el trámite parlamentario ya que no se recogen en el texto actual.

– El anteproyecto sí recoge una ordenanza tipo para facilitar la modificación del planeamiento

– Eso se incluyó en el texto por una reivindicación de la Fecam y tras un debate intenso. Hemos solicitado utilizar la figura de las ordenanzas provisionales como instrumento para modificar de manera más rápida el planeamiento sobre la zonificación de la vivienda vacacional y para desarrollar la ley y agilizar una actividad que hay regular cuanto antes, porque una modificación del planeamiento lleva un trámite mucho más largo, incluso en ayuntamientos sin plan general. Es una de las cosas positivas que valoramos.

– El anteproyecto sí ha respondido a la demanda de algunos ayuntamientos de modificar los porcentajes municipales para vivienda vacacional.

– Nosotros hemos pedido unos techos y el texto establece que para otorgar nuevas viviendas, hay que comprobar los porcentajes de cada municipio o zona. Aún así, ¿qué hacemos en aquellos lugares en los que se superan los porcentajes que establece la ley?, ¿como discriminamos en la revisión que se realice?, ¿quien puede seguir con la actividad y quien no? Pretendemos que, en caso de que se supere ese techo, que no se obligue a discriminar. Por eso se recoge que, justificadamente, se puedan ampliar los porcentajes que con carácter general recoja la ley en virtud de lo que ya exista. Si no, no tenemos capacidad de discernir quién puede seguir o no. E insistimos, la revisión debe recaer en quien las ha otorgado. Queremos límites, pero que contemple la realidad que vivimos ahora mismo. Llevamos meses con este asunto y los postulados de la Fecam están claros desde el principio.

– ¿Echó en falta que se legislara con las administraciones locales?

– Siempre hemos defendido la cogobernanza real entre administraciones. Cuando afecta a lo local, debe existir diálogo y voluntad de consenso. No entendemos el lenguaje de la imposición o no diálogo. Lo que queremos, como representantes legítimos del municipalismo canario, es que nos escuchen, porque nuestras reivindicaciones son sensatas y responden al conocimiento que tenemos de la realidad de primera mano. Pretendemos seguridad jurídica en una materia tan importante que afecta en un sentido y en otro: por un lado, tensionando los alquileres en zonas superpobladas o turísticas, y por otro es una oportunidad de actividad turística en lugares como las islas verdes o zonas rurales donde está suponiendo un revulsivo y una actividad económica viable. En las reuniones pedimos que se haga esta diferenciación atendiendo a la realidad diversa que la Fecam traslada y visibiliza.

– ¿En esta ley los ayuntamientos han ido todos a una, más allá de siglas y colores políticos?

– Sí, hemos ido todos a una. Cuando el comité ejecutivo toma una posición, previo debate, es una posición única. Desde el primer momento trasladamos el texto a todos los municipios, recogimos sus consideraciones y, con el apoyo de la asistencia técnica, hemos intentado recoger sus aportaciones para formular estas propuestas. Ahora el comité ejecutivo analizará el último documento, porque no todo lo que trasladamos está recogido, sobre todo, la modificación de la disposición transitoria primera, que es más necesaria que nunca.

– ¿Se presentarán enmiendas en el proceso parlamentario o confía en resolverlo con el Gobierno?

– Veremos lo que ocurre en lo que queda de tramitación. Lo deseable hubiera sido que el texto estuviera ya consensuado.

–El objetivo de la Consejería de Turismo es ordenar el «caos» de la vivienda vacacional, pero también contribuir a mejorar el acceso a la vivienda. ¿Qué cree que aporta la ley a esa mejora?

– Nos encontramos con diferentes realidades de la vivienda vacacional en todas las islas. En unos lugares genera tensiones en el alquiler y dificulta el acceso a una vivienda y en otros es una actividad económica viable y un importante hito para luchar contra la despoblación y contribuir a anclar población. Habrá que dimensionar en los municipios los límites que el planeamiento puede otorgar, pero sí puede ser una medida para zonificar la actividad. En cualquier caso, se debe avanzar en la construcción de vivienda pública para mejorar el acceso a la vivienda para residentes, pero no es la única herramienta. Obviamente, donde hay despoblación, la construcción de vivienda debe llevar aparejados equipamientos públicos de servicios y generación de actividad económica que permita que la población se ancle y resida allí -desde la movilidad, digitalización hasta la modernización de infraestructuras para la recuperación de la actividad agrícola, por ejemplo. Son retos transversales y la vivienda es uno más.

–¿Es partidaria de intervenir los precios del alquiler?

– Este es un asunto en el que no se ha posicionado la Fecam y solo puedo hablar a nivel particular como alcaldesa de Candelaria. Creo que un elemento que puede coadyuvar es establecer, no un porcentaje, sino la declaración de zonas tensionadas que establece la ley de vivienda estatal y que fija una limitación a los precios del alquiler. Creo que es una necesidad, aunque sea temporal, teniendo en cuenta la emergencia habitacional que tenemos. Eso lo deben establecer los municipios que son los que conocen su realidad y ahí se debe relacionar también con la vulnerabilidad de las familias, porque si tienes que dejar el 50% del salario en el alquiler, eso no es bienestar. En momentos temporales con estas circunstancias, debe existir una regulación que frene los alquileres tan elevados. Por supuesto que hay que respetar la propiedad privada y la libertad del mercado, pero no es plausible que la renta de un estudio supere los 1.000 euros. Eso pasa en mi municipio (Candelaria) y tendremos que tomar decisiones en torno a la zonificación del alquiler vacacional, y las tomaremos, para frenar esas situaciones injustas, porque esa es nuestra responsabilidad pública.

– ¿Cree que las 51 medidas de los grupos de trabajo sobre reto demográfico recogen propuestas concretas para anclar población a los municipios más despoblados, y como citaba usted, sobre todo servicios públicos?

– Entre las 51 medidas propuestas por los grupos de trabajo hay más y menos concretas. Algunas son de carácter más general que hay que desarrollar, pero en vivienda, alquiler vacacional, medidas fiscales para anclar población al medio rural, etc. son bastante concretas y ayudan a combatir el reto demográfico. En otras áreas, como transición ecológica, habría que desarrollarlas. O infraestructuras energéticas. Aún faltan pasos importantes para que los municipios aceptemos.

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