«Nos queda la calle o la cárcel»

Faltan dos horas para que den el servicio del almuerzo en el comedor social de la parroquia de San Pedro, en la Isleta, y ya se junta en la puerta poco menos de una decena de personas. Dentro, el padre Jorge Hernández trata de solventar un problema de cañerías en el único baño del local, que no ha podido con el sobreuso de las últimas horas, pero ni rastro de los 44 inmigrantes del Canarias 50 que habían pernoctado por segunda vez en el patio. «Desayunaron y se marcharon», explica el párroco. «Al principio nos pidieron que les diéramos cobijo por un día, pero ya nos hemos excedido en nuestras capacidades y hemos tenido que cerrarles la puerta», se lamenta, consciente de que en su actividad diaria deben atender a más personas.

No hay que ir muy lejos para encontrarles. Paseando por la avenida que llega hasta El Confital se arremolina algún que otro grupo. Entre ellos, Said, un joven de origen magrebí, y Papis, mauritano, esperan juntos la hora de la comida después de haberse dado «una ducha» y lavado su única muda de ropa a orillas de la playa. Ambos fueron expulsados del campamento el pasado viernes, donde indican que se sentían «aprisionados» y saturados por el gran número de personas con las que debían compartir carpa. Sin embargo, el verdadero motivo por el que ninguno parece querer volver es otro: han comenzado los vuelos de las deportaciones y tienen miedo.

Papis llegó el 17 de noviembre de 2020 con la intención de reunirse en Francia con su madre y sus dos hermanos tras once días en cayuco. «Cada uno conoce su ruta para ir a Europa, todos venimos con algún contacto», indica. Ese viaje se ha alargado más de lo previsto y aunque en un primer momento adoptó una postura resignada, a la espera de que el Gobierno levantara el bloqueo, ahora considera que es preferible sobrevivir al margen del sistema. Una idea que venía gestando desde que fue testigo, mientras estuvo alojado en uno de los hoteles de Puerto Rico, de cómo habían expulsado a un grupo de africanos por negarse a trasladarse a Tenerife y se quedaron, como él, en situación de calle. En la red de «clandestinos», como ellos mismos denominan a esa comunidad de irregulares, les habían confirmado que las condiciones en la isla eran inhumanas -«mucho frío, sin comida, ni agua»- y que, además, era la vía más rápida para que los devolvieran a sus países de origen.

Eso es lo que ha generado conflictos, asegura Papis, refiriéndose a aquellas reyertas que protagonizaron algunos titulares y que él consiguió grabar y filtrar a la prensa. Sin embargo, considera que esa agresividad no representa a la mayoría, sino que se está dando en una situación límite.

Precisamente, al grupo se une poco después Abdlatife, que fue trasladado desde Nido de Águila, en Puerto Rico. Es marroquí y peluquero de profesión; un trabajo que ha ejercido solidariamente entre sus compañeros en los últimos seis meses desde su llegada. Al escuchar esas historias de violencia, quiere contar la suya, que protagonizó este mismo fin de semana. Cuenta que él y otros dos amigos fueron víctimas de un ataque xenófobo cuando se dirigían a una colina para instalar allí la caseta de campaña donde pensaban dormir la noche. Fue entonces cuando un par de hombres, -no sabe si locales, pero al menos de origen caucásico-, comenzaron a increparles y a asestarles golpes de los que aún les quedan marcas visibles. La policía acudió para disolver la pelea, pero admite que no se les tomó ninguna declaración y que todo quedó en nada. «Nosotros estábamos tranquilos, solo queríamos dormir, pero sé que esto ha pasado más veces», asegura.

«La gente normalmente es amable, pero a veces no, y es normal porque están cansados», explica Milodi Sennaovi. También procede de Marruecos, y aunque no estuvo en el campamento sí que ha pasado estos días junto al grupo. Su experiencia retrata la cara de una misma moneda: llegó a Gran Canaria hace ya cinco meses desde Italia, donde lleva años residiendo con su mujer y sus dos hijos, para buscar a su hermano que venía en patera. Nunca llegó a la costa, y cuando supo de su muerte, la situación para los inmigrantes, incluso con papeles, ya se había «complicado». Cuenta que el miedo le obligó a deshacerse de su pasaporte porque asegura que si las autoridades descubren su origen, no le dejarán viajar. «Piden papeles españoles y eso no puedo mostrárselos», se queja enseñando el certificado de residencia que le ha prestado un amigo para poder asistir al comedor social.

«Nosotros no queremos estar aquí. En Las Palmas no hay ni trabajo ni familia, pero el Gobierno está creando un problema porque nos tiene aquí bloqueados», continúa Milodi. «Todos venimos con el sueño de una vida mejor y nos han puesto un muro. Están presionando poco a poco y al final es normal que todo estalle. Nos queda la calle o la cárcel, porque a muchos les están obligando a delinquir». Explica que gracias al comedor pueden sobrevivir de lunes a viernes, pero el fin de semana pasan hambre y tienen que pedir por la zona o robar. «Sobre mi espalda pesan los ojos de mi familia, por eso yo no lo hago».

El reloj ya marca más de las doce y media. ¿Dónde piensan pasar la noche? Un encogimiento de hombros generalizado y miradas esquivas es todo lo que obtienen por respuesta. «Ya veremos», dicen, y se despiden con un leve «gracias», más por el desahogo que por la convicción de que alguien les dé una solución. Para ellos solo es un día más sin reunirse con sus familias.