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«Decepcionantes», «mal elaborados», «lleno de bandazos» y «sin respuestas a las necesidades de la mayoría social de Canarias». Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias (NC), los dos principales partidos de la oposición, no se han privado a la hora de criticar el proyecto de ley de presupuestos para 2025 que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, llevó al Parlamento esta semana para iniciar su tramitación.
El texto contempla un gasto de 11.678 millones, lo que significa un 3,3% de crecimiento respecto a 2024 y que se traduce en 376 millones de euros.
Ambas formaciones hicieron hincapié en que el grueso de este incremento -en torno al 60%- será absorbido por el capítulo de personal, lo que apenas deja 140 millones para gasto.
A juicio de Manuel Hernández (PSOE), estas cifras evidencian «un retroceso, sobre todo en material social», mientras que Esther González (NC), afirma que «esto no pasó ni en la recesión de 2012. Con 140 millones tienes para comprar lápices y poco más», dice.
Hernández entiende que con estos presupuestos, el Gobierno «ha perdido una oportunidad para adoptar medidas valientes encaminadas a distribuir la riqueza».
En este sentido, detecta en el documento «un claro estancamiento y algunos retrocesos». Entre ellos, ambos portavoces hacen referencia al sector primario, I+d+I, o los servicios públicos esenciales.
Al respecto, el diputado socialista se muestra especialmente crítico con las partidas destinadas a Educación, «que suben menos que el conjunto del presupuesto (2,93%)» y se aleja del objetivo del 5% del PIB.
Según el análisis de González, este departamento crece 61 millones y de ellos, 60 millones se destinarán a personal «lo que significa que aspectos como educación de cero a tres años o alumnado con necesidades especiales, etc. van a tener que conformarse con un millón para todo».
En general, señalan, este proyecto de ley «arrastra» los males del presupuesto vigente porque «con 376 millones de crecimiento no se puede corregir el desastre de las cuentas actuales.
Por otro lado, critican que el documento no incorpore ni una de las 51 medidas que concluyeron los grupos que trabajan sobre el reto demográfico, que era uno de los compromisos del Gobierno, y que intentaban dar respuestas a las reivindicaciones del 20A.
Para Hernández, «es un claro ejemplo de que estos trabajos se han utilizado como escudo para no tomar decisiones valientes», mientras Esther González no se sorprende que «ni se haga mención» a estas conclusiones porque , dice, quedaron en mera declaración de intenciones.
En cuanto al argumento ofrecido por la Consejería de Hacienda de la necesidad de proceder a la elaboración de un presupuesto prudente ante la incertidumbre generada por la falta de presupuestos estatales y otras magnitudes, Manuel Hernández afirma que «desde hace muchos años, se presupuesta en un escenario de incertidumbre. La diferencia es que este Gobierno, con sus acciones y omisiones, con sus bandazos y declaraciones contradictorias, agrava la situación».
Ambos parlamentarios mantienen que el Ejecutivo dispone de herramientas para mejorar la capacidad de gasto, como la ecotasa -planteada tanto por el Partido Socialista como por Nueva Canarias y que permitiría recaudar 250 millones- o recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, ya que, insisten, la bonificación actual «solo beneficia a unos pocos». En este sentido, el portavoz socialista destaca que el proyecto de ley contempla un desplome de este tributo de casi un 40%.
Mientras el PSOE debe aún estudiar «en profundidad» los presupuestos de 2025 antes de decidir si pide su devolución al Gobierno, Esther González tiene claro que NC presentará una enmienda a la totalidad porque «esto no tiene ni pies ni cabeza».
La oposición al Gobierno en el Parlamento hace especial hincapié en sus críticas en que las medidas fiscales adoptadas recogidas en el presupuesto de 2025 «incrementan la presión sobre las rentas bajas y medidas».
Para la diputada de NC, Esther González, «el alivio fiscal del que habla la consejera de Hacienda es mentira». Según su análisis, «se grava más a las rentas más bajas».
Coincide con el socialista Manuel Hernández en que la eliminación de la deducción por el alza de precios «viene a beneficiar a los que tienen más recursos» y «deja claro que el Gobierno no tiene interés en una fiscalidad progresiva».
En cuanto a las deducciones encaminadas a poner más vivienda en el mercado, González es tajante al afirmar que «no van a servir para nada, porque los propietarios siguen teniendo miedo a tener problemas con los inquilinos», mientras que Hernández insta al Gobierno a avanzar en la declaración de zonas tensionadas como vía para bajar los precios.
Sobre la consideración de Matilde Asián de anteponer una rebaja del IRPF al IGIC, el socialista celebra que «haya llegado a la política fiscal coherente». Ambos parlamentarios critican que se vuelva a incumplir la promesa de rebajar el IGIC y desde el PSOE se apunta que la reducción a las actividades deportivas «no tiene traslación a los usuarios».
Critica además Hernández que se deje en manos de los cabildos la lucha contra el cambio climático a través del céntimo forestal -que la mayoría de las islas rechaza- a la vez que reduce las partidas para los programas de medio natural y biodiversidad o desarrollo sostenible y cambio climático que «s desploma un 53%». A su juicio, el Gobierno es «negacionista del cambio climático».
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