El PP se moviliza en el Congreso para evitar el cierre del GRS Guardia Civil en Canarias

El Partido Popular (PP) ha anunciado este viernes la presentación de varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para tratar de evitar el posible cierre del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil en Canarias, el número 8, con base provisional en la antigua terminal del Aeropuerto Tenerife Norte, propiedad de Aena.

Los diputados del PP Juan Antonio Rojas y Carlos Sánchez, y la portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón, se han reunido con representantes de varias asociaciones de guardias civiles, que han denunciado la supuesta intención del Ministerio del Interior de cerrar esta base por no acometer el gasto de unos 20 millones de euros que supondría levantar un nuevo acuartelamiento en terrenos cedidos por los ayuntamientos en la zona del Polígono Industrial de Güímar.

En el encuentro han participado representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional (UO), Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL).

Han reconocido que el Ministerio no ha confirmado ni desmentido su intención de desmantelar esta unidad especializada en Canarias, en la que hay 102 agentes. Pero precisamente que no haya habido un desmentido es lo que les lleva a pensar que efectivamente esos son sus planes.

En España hay ocho unidades del Grupo de Reserva y Seguridad, especializadas en incidentes de control de masas, emergencias de protección civil, asaltos o ataques terroristas.

Las informaciones no oficiales de las asociaciones sobre el interés del Ministerio del Interior de desmantelar la de Canarias coinciden con el anuncio de que deberán abandonar su sede en la antigua terminal de Los Rodeos porque Aena debe recuperar el edificio para las obras de ampliación de la actual terminal.

Juan Antonio Rojas, diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife, ha anunciado que el grupo Popular ha registrado dos iniciativas en el Congreso, en las comisiones ee Insularidad e Interior, y también se va a plantear este asunto en el Parlamento de Canarias.

«Rechazamos cualquier decisión que suponga una merma en la seguridad de Canarias, este grupo presta servicio en todo el archipiélago y su desaparición supondría una pérdida significativa», ha dicho Rojas.

Carlos Sánchez, diputado del PP por Las Palmas, ha asegurado que en la próxima reunión de la Comisión de Interior preguntará a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por las intenciones del Ministerio respecto a este acuartelamiento.

El GRS 8 lleva desde 2009 en Tenerife Norte de forma provisional, y el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para prever su traslado si así lo hubiera decidido.

«No podemos permitir que Canarias pierda esta unidad de élite, que ha sido clave en situaciones como la erupción volcánica, incendios y la gestión de la inmigración irregular», ha manifestado el diputado.

En España hay ocho unidades del GRS y dada la situación geoestratégica de Canarias, su vulnerabilidad y su lejanía, «consideramos inaceptable que la unidad desaparezca» de las islas, ha subrayado.

Juan Cauce, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha explicado que el desmantelamiento de este grupo supondría que sus funciones recaerían en los agentes de seguridad ciudadana, lo que sobrecargaría a las plantillas y afectaría a la seguridad del archipiélago.

Ya hay un déficit de mil agentes de seguridad ciudadana en Canarias, según el portavoz de la AUGC, quien ha reprochado al Ministerio del Interior que no desmienta esas informaciones sobre su intención de cerrar la unidad.

«Si esta información no fuera cierta, ya habrían salido a desmentirla categóricamente», ha lamentado.

Los representantes de los guardias civiles han denunciado el perjuicio que esta situación supone para los 102 guardias civiles afectados y para sus familias, que viven en la incertidumbre de si deben abandonar las islas.

Sobre los motivos para el desmantelamiento del GSR 8, los representantes de los guardias civiles apuntan a los económicos: ahorrarse los 20 millones de euros que calculan que costaría levantar el nuevo acuartelamiento en los terrenos cedidos por los ayuntamientos en Arafo, Candelaria y Güímar.

En esas instalaciones no iría solamente el GRS, sino otras unidades especializadas de la Guardia Civil, de manera que si solo se buscara una solución para esta unidad el coste sería menor, han apuntado.

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