El PP minimiza la urgencia de Canarias y acepta solo la derivación de 400 menores

Sara Toj

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 10 de julio 2024 | Actualizado 11/07/2024 00:42h.

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Las comunidades autónomas del Partido Popular no se pronuncian ante la reforma de la Ley de Extranjería, por lo que la medida para aliviar los recursos de acogida de Canarias y dar una adecuada atención a los miles de menores migrantes que llegan a las islas continúa en el aire.

Ese fue el resultado de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró este miércoles en Tenerife y que ponía sobre la mesa el apoyo o no al acuerdo alcanzado entre los gobiernos central y canario , de manera que esa acogida y reparto entre las autonomías no sea solidaria, sino obligatoria de acuerdo con criterios fijos.

El argumento que trasladaron las regiones gobernadas por el PP fue que el borrador del texto para el cambio en la norma les llegó un día antes, por lo que piden más tiempo para estudiar la propuesta.

Aún así, todas las regiones, salvo Cataluña, que se abstuvo, votaron a favor de la distribución de 400 menores migrantes tutelados por Canarias y Ceuta. Este reparto solidario corresponde al sistema acordado en la conferencia sectorial de 2022.

Desde el Gobierno de España apuntaron que es una cantidad «insuficiente» dada la realidad que afrontan las islas. Como recordó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al término de la sectorial, de las derivaciones acordadas en 2023 aún queda por realizarse «el 80%».

Por todo ello, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, adelantó que el Gobierno central va a registrar la iniciativa legislativa en el Congreso «en unos días» para que la norma se cambie y sea obligatoria la distribución de los menores migrantes antes de que acabe julio. Se buscará así solventar «de forma definitiva» esta cuestión. Las previsiones preocupan, ya que se espera que antes de que finalice el año el número de menores migrantes que llegará al archipiélago podrá superar los 11.000.

Rego declaró que el mecanismo solidario «tenía sentido hace unos años» y no en la situación actual. A su vez, hizo hincapié en que «la pelota está en el campo del Partido Popular», ya que dijo que el partido «tiene la propuesta, se ha trabajado a nivel parlamentario» y, ahora, «solo falta voluntad política» para que salga adelante.

En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario ante la aprobación de la distribución de 400 menores entre las regiones: «Esta derivación no nos sirve a Canarias, porque supone un parche para la situación que tenemos ahora mismo».

Por tanto, desde el Ejecutivo regional defienden que la «única solución es la aprobación de un decreto ley» que les permita actuar «ya». El Gobierno autonómico entiende que el resto de entidades «quiera hacer alegaciones al documento» pero consideran que eso «puede ser un debate sosegado en el Congreso de los Diputados» tras la tramitación mediante decreto ley. Sin embargo, este miércoles tampoco se especificó cuál será el mecanismo que se seguirá, ya que el Gobierno de España defiende que la tramitación se haga vía proposición de ley.

El ministro Torres insistió en que el borrador del texto para la reforma, acordado entre Canarias y el Estado en junio, fue enviado «hace semanas» a los grupos políticos. Antes de la conferencia sectorial, se incluyeron en el texto las aportaciones que los partidos trasladaron tras la ronda de contactos que el Gobierno central y autonómico mantuvieron con los portavoces de los grupos. Entre las propuestas añadidas destacan la «claridad con respecto a la financiación», que está establecida en la conferencia sectorial de 2022 (145 euros por niño) o que se contemplaran los contratos de urgencia para disponer de recursos y así atender a los niños y niñas.

Así las cosas, Torres declaró que, al estar recogida la cuestión financiera, «no se trata de una cuestión económica», sino que es imprescindible «conseguir los votos suficientes para que la reforma salga adelante».

Desde el Gobierno de España trasladaron su sorpresa al no contar con el apoyo de las regiones gobernadas por el Partido Popular para el cambio legislativo. En este caso, los consejeros les trasladaron que ellos «son incompetentes» porque la medida se tiene que llevar «al Congreso», pero tanto el ministro Torres como la ministra Rego insistieron en que, con la conferencia, cumplieron la petición de las comunidades del PP de ser escuchadas para dar un sí o un no a la reforma.

Por su parte, el ministro Torres añadió que se caminará con la modificación de la Ley de Extranjería, para la que es necesaria que el PP «dé una respuesta de Estado ante un problema de Estado» ya que, dijo, «lo peor que puede ocurrir es que no se manifieste». Apuntó que es momento de preguntarle a Feijóo «si la va a apoyar o no», ya que el tiempo «va en contra para los menores» que están en «condiciones inaceptables que vulneran claramente sus derechos».

Torres recordó que el archipiélago tutela en solitario a casi 6.000 menores migrantes, lo que supone «un 300% más» de su capacidad, aspecto que «no es comparable» con cualquier otro territorio. Con la reforma que buscan ambos Gobiernos, los menores serán derivados a otras regiones cuando los recursos de acogida en el territorio de llegada superen el 150% de su capacidad.

Siguiendo este criterio, el límite en Canarias está en 3.000. Una vez se supere ese número, el menor será desplazado a otro territorio en un plazo máximo de 15 días.

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Según datos aportados por Efe, la comunidad autónoma que más menores acogerá de las 400 derivaciones pactadas es Cataluña, con 31 jóvenes; mientras que Andalucía, Extramadura y Madrid acogerán 30 cada una; Cantabria, 29 y Galicia, 26. La que menos niños y niñas acogerá con el sistema de acogida voluntario es La Rioja, con cuatro menores.

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