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A las puertas del congreso regional del PSOE, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien acusa de «inacción» ante el drama migratorio y de «maltrato» a Canarias con el objetivo de «tensionar» el pacto de Gobierno que mantienen los populares con Coalición Canaria (CC) «al precio que sea».
La inmigración volvió a ser asunto de confrontación entre las formaciones políticas de las islas después de conocerse un nuevo naufragio en la Ruta canaria que dejó 50 fallecidos. Además del PP, el Partido Socialista también se refirió a este asunto, en este caso para indicar que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, lleva toda la legislatura utilizando la emergencia migratoria para ocultar su falta de gestión.
En una comparecencia ante los medios, el coordinador regional del PP, Jacob Qadri, y los diputados nacionales Carlos Sánchez y Laura Lima recriminaron al Gobierno de España que frente a la crisis humanitaria, el Estado «no haya tomado ni una sola medida» y criticaron que no se haya pedido la implantación del Frontex o resuelto la derivación de menores.
Para Qadri, Torres «quiere que siga este drama para hacer daño a Canarias y al Gobierno autonómico». La inacción del ministro, indicó Carlos Sánchez, «provoca muertes en el mar».
Los dirigentes populares respaldaron la posición de su partido a nivel nacional y apuntaron que la propuesta para la distribución de menores no acompañados al resto del territorio nacional se debe producir como resultado de un acuerdo y plantea como condición fundamental la dotación de financiación adecuada.
Recordó que el Gobierno regional ya tiene un pacto cerrado con Alberto Núñez Feijóo y que comparten las comunidades gobernadas por su organización.
Por otro lado, los diputados populares anunciaron que también pedirán la renuncia del ministro de Política Territorial en el Congreso por «haber abierto la puerta» durante su mandato al frente del Ejecutivo regional a la corrupción, que se materializó con los casos Mascarillas o Mediador.
En este último asunto, responsabilizan a Torres de haber elegido para ocupar puestos de responsabilidad en la Consejería de Agricultura a Juan Bernardo Fuentes (Tito Berni) y Taishet Fuentes.
Para Lima, Torres solo tiene tres posibilidades: «o es culpable de los casos de corrupción que se produjeron cuando fue presidente de Canarias, o fue cómplice y no cumplió como presidente, o fue poco diligente por permitir que creciera la corrupción». Ante estas opciones, la postura de los populares es clara: el ministro «debe dimitir, lo mejor que puede hacer es mandarse a mudar».
Además, instaron al PSOE a que en su próximo congreso -que se celebra a final de mes- opten por «la corrupción o por la regeneración».
Estas manifestaciones no tardaron en ser respondidas por la secretaria de Organización del PSOE, Nira Fierro, quien acusó a los populares de «poca vergüenza» y señala que después de abandonar esta tierra a su suerte con la migración, piden la dimisión de quien está buscando una solución.
Además de preguntarse «para qué sirve el sueldo de (Manuel) Domínguez» (presidente del PP canario), apunta que para hablar de corrupción «no tienen más que mirarse al espejo».
Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, afirmó que el presidente, Fernando Clavijo, lleva toda la legislatura escondiendo su «inacción» detrás del fenómeno migratorio.
Tras una reunión de trabajo de los diputados junto a la secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, el dirigente socialista señaló que Clavijo utiliza el fenómeno migratorio como «una cortina de humo para desviar la atención de sus carencias».
En su opinión, esta circunstancia evidencia «no solo una alarmante ausencia de liderazgo, sino también un intento de instrumentalizar un problema complejo para hacer política en beneficio propio».
Sebastián Franquis reclamó al presidente autonómico que «dé la cara» y empiece a hablar de sus competencias, «de lo que realmente preocupa a la ciudadanía de Canarias», y citó asuntos que a su juicio deben ser prioritarios, como sanidad, dependencia, educación o vivienda «y no tanto la inmigración».
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