La policía intensifica el control en los aeropuertos ante la salida de migrantes

Tras la polémica por la llegada de inmigrantes a la península procedentes de Canarias, la policía ha intensificado los controles en los aeropuertos del archipiélago, no solo en las salidas sino también en las llegadas. Después de detectarse el traslado de inmigrantes que habían alcanzado las costas de las islas en patera, sobre todo en Valencia y Granada, y después de las denuncias policiales y políticas que fueron subiendo el tono, el Gobierno de España ha insistido en que no realiza traslados masivos, sino de manera puntual con personas que hayan pedido protección internacional o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Además, como repuesta a estas críticas, el Ministerio de Interior ha intensificado la presencia policial en los aeropuertos, circunstancia que ayer se hizo patente en Gran Canaria, donde estaban desplegadas desde primera hora de la mañana de ayer, siete furgonas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional -lo que supone en torno a 40 agentes-, un grupo «que habitualmente no realiza servicios» en estas instalaciones. Sin embargo, eran los encargados de pedir la tarjeta de embarque a «todos los pasajeros» antes de alcanzar las puertas de seguridad, una actividad que, según varios agentes, no tienen competencias para llevar a cabo. «No tienen que saber a donde viajas. Lo que estaban pidiendo no es la documentación», insisten estas fuentes.

Aunque a primera hora de la mañana no había muchos pasajeros en el aeropuerto, a medida que fue avanzando la jornada y en horas punta se formó alguna pequeña cola ante este nuevo requerimiento policial antes de subir al avión.

Por otro lado, el SPP, el sindicato con representación en la escala de mandos de la Policía Nacional, ha defendido este refuerzo en los controles de aeropuertos de la península ordenados recientemente ante la llegada de migrantes procedentes del archipiélago al recordar que se llevan a cabo para detectar, no solo posibles delitos en aplicación de la Ley de Extranjería, sino en prevención de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, informa Europa Press.

Esta organización ha defendido la gestión del jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, cuestionado por JUPOL -sindicato mayoritario-, que ha pedido que se investiguen los controles en el aeropuerto de Manises al entender que podrían ser irregulares, puesto que estos desplazamientos, sostienen, «no están sujetos a controles policiales al no producirse el cruce de frontera alguna».

Por otro lado, el Ministerio de Interior ha decidido que, finalmente, el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (Sive) pendiente de instalar en el noroeste de la isla de Lanzarote, esté ubicado en un dispositivo móvil ante las dificultades de colocar el radar en esta zona para controlar la llegada de embarcaciones irregulares.

Recientemente, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo de Canarias, Julio Pérez, reconoció en el Parlamento que todos los equipos Sive en Lanzarote están «instalados y operativos», aunque uno continúa pendiente de autorización por parte del Gobierno debido a las dificultades de cumplimiento de la normativa medioambiental que supone su ubicación en un espacio natural. Este radar lleva años pendiente de ser colocado.

Ahora, tras una visita a la isla del general jefe del Servicio de Fiscalidad y Fronteras de la Guardia Civil, se ha llegado a la conclusión de que este área del norte de Lanzarote que permanece «en sombra» se cubrirá con un radar móvil instalado en un camión. Sin embargo, también para esta opción hay problemas, puesto que la tecnología de este dispositivo es diferente a la que se usa en Las Palmas y, por tanto, deben adaptarse los sistemas para reconocer las señales del Sive móvil.