Podemos Canarias presentó este sábado en su sede de la capital grancanaria el informe 'Políticas municipales contra la emergencia habitacional' del Observatorio DESCA. El acto contó con la participación de la diputada Noemí Santana, los técnicos Guillem Domingo y Miguel Ruiz, coautores del informe, y la concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez. Además, se sumó una intervención telemática de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
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El informe presentado destaca cifras alarmantes que evidencian la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa Las Palmas de Gran Canaria. Entre los datos más preocupantes, se señala que el 70% de las familias de la ciudad destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, una situación que las sitúa al borde de la exclusión habitacional.
Además, más de 10.000 hogares se encuentran en riesgo inminente de desahucio, mientras que un 15% de la población vive en condiciones de hacinamiento.
El documento también identifica la existencia de 2.000 viviendas vacías en manos de grandes tenedores, un hecho que contrasta con las miles de personas que carecen de un hogar digno. Por otro lado, el precio del alquiler en la ciudad ha registrado un incremento del 35% en los últimos cinco años, superando con creces la media estatal y agravando aún más la accesibilidad a la vivienda para muchas familias.
Guillem Domingo, coautor del informe, afirmó que «estamos ante una emergencia social que exige respuestas inmediatas. No podemos permitir que la especulación siga priorizándose por encima del derecho a la vivienda«.
Miguel Ruiz, también técnico del Observatorio DESCA, añadió que «el fracaso de las políticas municipales para abordar esta problemática es evidente y tiene consecuencias devastadoras para miles de familias».
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Por su parte, Noemí Santana declaró que «este informe demuestra lo que llevamos denunciando desde hace años: la vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible para una mayoría social. Es urgente actuar desde las instituciones para frenar esta deriva y garantizar una vivienda digna para todas«.
La intervención de Ione Belarra cerró el acto con un llamado a la acción. «No hay excusas. Tenemos las herramientas legislativas y los recursos necesarios para acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda».
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El informe destaca, además, que las políticas municipales han fallado en implementar soluciones efectivas. Apenas un 5% del presupuesto destinado a vivienda se ha ejecutado, y los programas de acceso a vivienda social cubren solo al 3% de las familias en necesidad.
Gemma Martínez enfatizó el compromiso de las políticas municipales con la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada: «No podemos permitir que más de 4.700 viviendas destinadas al alquiler se conviertan en pisos turísticos mientras miles de familias carecen de un hogar«.
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