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Imagen del Consejo de Gobierno celebrado ayer en Santa Cruz de Tenerife. C7

Pérez cambia su equipo en pleno proceso de estabilización del personal

El consejero anuncia más cambios en su departamento para dentro de «una o dos semanas»

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 19 de enero 2023

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha decidido remodelar su equipo en medio del proceso de estabilización del personal público que debe finalizar antes de diciembre de 2024 y afecta a más de 22.000 personas.

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Pérez dio cuenta de que el Gobierno aprobó ayer el cese del viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, y de la directora general de Función Pública, Montserrat García. Anunció además que no serán los últimos y probablemente habrá más cambios.

Desde hoy, precisó el consejero, habrá «sustitutos provisionales» y en «una o dos semanas» se completará la remodelación con el objetivo de que «no haya ninguna ralentización» en los citados procesos de estabilización.

TELETRABAJO

  • Decreto El consejero anunció que en las próximas semanas llevará al Gobierno el decreto que regulará el teletrabajo en la administración.

  • Tres días a la semana Para Pérez, «sería razonable» que la plantilla pública puedan teletrabajar tres días a la semana.

  • Control A estos trabajadores se les aplicará un sistema de control de la productividad.

El viceconsejero, indicó Julio Pérez, había pedido desde hace tiempo salir del Gobierno por su carga de trabajo, ya que es diputado regional y secretario de Organización del PSOE de Tenerife y ha de afrontar la preparación de la campaña electoral.

«Parece difícil compaginar esa actividad con la administración pública», dijo. Martínez ha llevado el peso del proceso de estabilización, mientras que la directora general no ha participado en el mismo porque se presenta a las convocatorias de empleo.

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Ley policías locales

En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Julio Pérez señaló asimismo que el Ejecutivo dio el visto bueno a la Ley de Coordinación de Policías Locales y enviado al Consejo Consultivo para pedir dictamen.

Sin embargo, duda de que pueda ser aprobado en esta legislatura por cuestión de plazos, ya que el Parlamento se disolverá a principios de abril.

El portavoz del Ejecutivo reconoció que este proyecto ha generado importantes discrepancias entre los ayuntamientos y los policías, cuyos representantes sindicales han anunciado que están dispuestos a llevar a cabo movilizaciones si no se modifican cuestiones que consideran lesivas para sus intereses.

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En cualquier caso, Julio Pérez indicó que el Gobierno «no renuncia» a encontrar una fórmula de entendimiento y que salga una ley consensuada, una posibilidad que, insistió «no es fácil».

Una de las grandes diferencias entre la Fecam y los trabajadores hace referencia a la figura de policías interinos, de la que Pérez no es partidario. Aún así, entiende que «no es suficiente con que la ley lo prohiba, sino que debe haber una oferta suficiente «porque los 3.000 agentes actuales son insuficientes y probablemente pueden ser mejor organizados de lo que lo están en este momento».

Viviendas de protección

Además, el Gobierno aprobó el decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias inquilinas de viviendas de protección oficial acceder a la propiedad de las mismas. Esta iniciativa supondrá para la comunidad autónoma una «operación económica de una gran envergadura» aunque Pérez señaló que el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, no detalló en el Consejo cuanto cuesta una de estas casas.

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