Uno de los puntos de mayor debate en la instrucción del caso Mediador asienta sus raíces en los primeros pasos que dieron la magistrada instructora y los investigadores policiales para ir atando los cabos suficientes que transformarían la causa iniciada por una simple denuncia interpuesta por unas tarjetas de crédito en una de las tramas corruptas más escandalosas de la década. Y en este escenario, la clave estuvo en el volcado de los móviles de Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuyo apodo da nombre a este procedimiento y que es el principal protagonista de esta historia.
El penúltimo capítulo lo ha escrito el que fuera jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y que dirigió inicialmente la investigación. Denunció, por una parte, que la magistrada lo apartó sin motivo alguno de la causa para poner como responsable de la misma a un inspector con el que le unía una «amistad íntima». Por otra, que tras este hito, los nuevos agentes que estaban a su cargo y contra los que el jefe interpuso también una denuncia, entraron en su despacho «en horas, probablemente de tarde-noche o durante el fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril», sin su «autorización ni consentimiento» para «apoderarse» de los dos móviles que entregó en su momento el Mediador y que tenía allí «depositados y custodiados».
El abogado del Mediador, Rachid Mohamed.
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Unos aparatos que son la pieza fundamental de esta causa ya que su contenido es la principal baza que tienen las acusaciones para poder sentar en el futuro en el banquillo a las ya decenas de personas que figuran en el procedimiento en calidad de investigados.
Los agentes reprochados, según la denuncia del jefe de la Policía Judicial, «sustrajeron» los terminales «sin la debida cadena de custodia ni acuerdo oficial alguno», que se encontraban «en la caja fuerte cerrada del despacho» del responsable «el cual también se encontraba debidamente cerrado y, por tanto, haciendo un uso indebido e ilegal de la llave del despacho» y de «la contraseña de la caja fuerte que sólo un agente conocía».
Días después, el supuesto encargado de custodiar los dispositivos en comisaría, es decir, el policía del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Judicial de Tenerife, entregó los móviles a la jueza, aunque a efectos legales, el anterior jefe aún no tiene una explicación oficial de lo que ocurrió ya que la denuncia está pendiente de instruirse.
Sombra de duda
El jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial pone en dedo en la llaga que se creó después de que el letrado de la defensa de Navarro, Rachid Mohamed, cuestionara el inicio del procedimiento a entender que la cesión voluntaria de los móviles de su cliente no lo fue de esa forma, al contrario, los entregó a la magistrada instructora coaccionado.
Mohamed solicitó que la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres aclarara en qué circunstancias nació el procedimiento, dudando de esta forma de la labor llevada a cabo por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial en lo referente al volcado de los teléfonos móviles. También anunció que revocaba el consentimiento prestado por su cliente en su momento para que investigaran los terminales, pidiendo la devolución de los mismos.
En su momento, el abogado también pidió el vídeo de las comparecencias que realizó el Mediador en esas primeras 48 horas desde que fue detenido, a lo que la magistrada le respondió que no constaban dichas grabaciones por «dificultades técnicas».
Esta batería de planteamientos fue desestimada en primera instancia por la instructora y en apelación por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en su auto negó la práctica de las pruebas interesadas por la defensa. «Ninguna de las diligencias solicitadas» por Rachid Mohamed «se entiende que arrojan luz en el esclarecimiento de los hechos» investigados en este procedimiento, todo ello, -añadía la resolución- «sin perjuicio de que la parte pueda proponerlas como diligencias de prueba para el acto del enjuiciamento si lo hubiera y si así lo considera oportuno».
Esta decisión derivó en que la defensa del Mediador interpuso un incidente extraordinario de nulidad que aún no ha sido resuelto.
Dicha circunstancia, unida a la denuncia interpuesta por el agente que volcó el contenido de los móviles genera una sombra de duda inquietante alrededor de lo que ocurrió las primeras 72 horas del caso Mediador.
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