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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Martes, 2 de junio 2020, 19:55
Coalición Canaria (CC), primer partido de la oposición, envió al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, una propuesta para empezar los trabajos de elaboración del plan que contempla el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias.
La iniciativa de CC llama la atención por cuanto ninguno de los partidos que integran el acuerdo de gobierno -Partido Socialista Canario (PSC), Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)-, ni el propio Ejecutivo, tienen diseñado todavía el método para diseñar el plan. Ni siquiera se sabe quién es el encargado de tomar la iniciativa.
En el pacto que se rubricó el pasado día 30 de mayo, únicamente se apunta que «se pondrán en marcha diferentes mesas de diálogo institucional». En la declaración institucional que lo acompaña no se arroja mucho más luz: «el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una vez aprobado, ha de ser plasmado y desarrollado en un plan (...) que aprobaría el Gobierno de Canarias y sería elevado al Parlamento de Canarias para su ratificación».
Así pues, los nacionalistas han tomado la delantera con un documento en el que instan al Gobierno a presentar el 15 de junio un «borrador» de plan para empezar a trabajar en él. No obstante, proponen tener antes una primera reunión el día 5 entre el Ejecutivo y los firmantes del pacto para acordar la agenda de trabajo y los plazos.
«Te insistimos -escribe el secretario general de CC a Torres en una carta que adjunta a la propuesta- en que haya una primera reunión entre los agentes firmantes pues, si recuerdas, no hemos podido tener ningún encuentro entre los agentes firmantes en el que pudiéramos compartir siquiera el contenido del documento firmado. En la primera reunión no pudimos tomar la palabra y el resto de encuentros han sido bilaterales con el Gobierno», apostilla.
En cualquier caso, CC considera que entre los días 17 al 30 de junio, las nueve mesas de trabajo que plantea estarían enfocadas en las «sugerencias y aportaciones» al borrador del plan entregado por el Ejecutivo.
En concreto, serían ocho mesas sectoriales, de acuerdo con las líneas estratégicas y objetivos plasmados en el pacto -sanitaria, educación, servicios sociales, economía y hacienda, sector primario, turismo, obras públicas y Administración pública- y la décima, que funcionaría a modo de comisión de seguimiento del mencionado pacto.
Ésta última estará constituida solo por los «firmantes» -así se contempla ya en el documento firmado el 30 de mayo- e intervendría pronunciándose sobre la propuesta de plan justo antes de que el Consejo de Gobierno lo aprobara -2 de julio- así como haciendo un «seguimiento del trámite en el Parlamento». Todo ello para que el plan pudiera ser aprobado en la Cámara el 31 de julio.
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