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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 25 de noviembre 2018, 10:13
Desde el año 1983 hasta el 31 de diciembre de 2017, el Gobierno autonómico acumula algo más de 621 millones de euros en ingresos que no termina de percibir. De ellos, 476 millones derivan de impuestos, tasas y precios públicos que debería de haber podido recaudar, y de recargos, sanciones y multas que eso genera, lo que representa el 76,65% del total.
Los datos están extraídos de la información suministrada por la Consejería de Hacienda a solicitud del diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Iñaki Lavandera.
De todos los derechos pendientes de cobro, los correspondientes a los impuestos son los que presentan mayor cuantía, alcanzando los 181 millones, el 29,16%. De estos, el que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados es el que mayor volumen de morosidad registra, con más de 126 millones de euros.
Las tasas y otros ingresos por prestación de servicios se acercan a los 97 millones.
A todo ello, hay que añadir la cifra que arrojan los reintegros, sanciones y multas derivados de los impuestos reclamados y no cobrados. El concepto por sí solo arroja incobrado de 198 millones.
Cabe recordar que la Audiencia de Cuentas decidió hacer un informe de fiscalización en 2016 centrado en los derechos pendientes de cobro generados entre los años 2011 y 2015 dado el «crecimiento constante» de los mismos.
En aquella ocasión, el órgano fiscalizador anotó un total de 432,8 millones pendientes; hasta diciembre de 2017 se han añadido 188,3 millones más hasta alcanzar los 621,1 millones de euros.
Hasta 2015, la Audiencia de Cuentas recogió en su informe que los impuestos pendientes de recaudar alcanzaban los 218,1 millones; hasta el año pasado, la cifra acumulada se ha rebajado ligeramente -36,7 millones menos-, pero si se le añaden los precios y tasas, el efecto es el contrario, ha aumentado en 258 millones.
Deficiencias
En la fiscalización realizada hace dos años, se explica que las «deficiencias» en el cobro vienen por la «multiplicidad» de los distintos soportes informáticos que el Gobierno ha ido comprando a lo largo de los años y que utiliza para llevar la contabilidad y elaborar los presupuestos.
Esto, prosigue el informe, afecta al control sobre los impuestos impagados pero también al resto de los pendientes de cobro. Incluso se advierte sobre «la existencia de distintas prácticas y deficiencias en la gestión» de estos derechos.
De hecho, durante la diputada del Partido Popular (PP), Águeda Montelongo, destapó que la empresa pública encargada de recaudar los impuestos había perdido los datos entre noviembre y diciembre de 2016 a consecuencia de un cambio en los sistemas informáticos que recogen el listado de deudores y las fases en las que se encuentran. Este problema viene reflejado en la memoria de Grecasa.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, admitió que la introducción de un aplicativo informático provocó una «ralentización que no implica una paralización de las deudas», precisó.
En los datos suministrados ahora a Lavandera, se observa que entre los años 2016 y 2017 hubo un salto en la cantidad de impagados correspondientes a impuestos, tasas y precios. En el caso de los recargos el incremento es más ligero.
Desde el año 1983 hasta el 31 de diciembre de 2017, el Gobierno autonómico acumula algo más de 621 millones de euros en ingresos que no termina de percibir. De ellos, 476 millones derivan de impuestos, tasas y precios públicos que debería de haber podido recaudar, y de recargos, sanciones y multas que eso genera, lo que representa el 76,65% del total.
Los datos están extraídos de la información suministrada por la Consejería de Hacienda a solicitud del diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Iñaki Lavandera.
De todos los derechos pendientes de cobro, los correspondientes a los impuestos son los que presentan mayor cuantía, alcanzando los 181 millones, el 29,16%. De estos, el que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados es el que mayor volumen de morosidad registra, con más de 126 millones de euros.
Las tasas y otros ingresos por prestación de servicios se acercan a los 97 millones.
A todo ello, hay que añadir la cifra que arrojan los reintegros, sanciones y multas derivados de los impuestos reclamados y no cobrados. El concepto por sí solo arroja incobrado de 198 millones.
Cabe recordar que la Audiencia de Cuentas decidió hacer un informe de fiscalización en 2016 centrado en los derechos pendientes de cobro generados entre los años 2011 y 2015 dado el «crecimiento constante» de los mismos.
En aquella ocasión, el órgano fiscalizador anotó un total de 432,8 millones pendientes; hasta diciembre de 2017 se han añadido 188,3 millones más hasta alcanzar los 621,1 millones de euros.
Hasta 2015, la Audiencia de Cuentas recogió en su informe que los impuestos pendientes de recaudar alcanzaban los 218,1 millones; hasta el año pasado, la cifra acumulada se ha rebajado ligeramente -36,7 millones menos-, pero si se le añaden los precios y tasas, el efecto es el contrario, ha aumentado en 258 millones.
En la fiscalización realizada hace dos años, se explica que las «deficiencias» en el cobro vienen por la «multiplicidad» de los distintos soportes informáticos que el Gobierno ha ido comprando a lo largo de los años y que utiliza para llevar la contabilidad y elaborar los presupuestos.
Esto, prosigue el informe, afecta al control sobre los impuestos impagados pero también al resto de los pendientes de cobro. Incluso se advierte sobre «la existencia de distintas prácticas y deficiencias en la gestión» de estos derechos.
De hecho, durante la diputada del Partido Popular (PP), Águeda Montelongo, destapó que la empresa pública encargada de recaudar los impuestos había perdido los datos entre noviembre y diciembre de 2016 a consecuencia de un cambio en los sistemas informáticos que recogen el listado de deudores y las fases en las que se encuentran. Este problema viene reflejado en la memoria de Grecasa.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, admitió que la introducción de un aplicativo informático provocó una «ralentización que no implica una paralización de las deudas», precisó.
En los datos suministrados ahora a Lavandera, se observa que entre los años 2016 y 2017 hubo un salto en la cantidad de impagados correspondientes a impuestos, tasas y precios. En el caso de los recargos el incremento es más ligero.
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