Aumentan en cinco veces las reclamaciones por opacidad

Pese a que todavía es un gran desconocido, el Comisionado de Transparencia registra una tendencia al alza en el número de reclamaciones que recibe de los ciudadanos después de que las Administraciones les rechazan la información solicitada.

Según se recoge en el informe anual, en 2016 se tramitaron 91 reclamaciones; en el segundo semestre de 2015 fueron 18. Los períodos de tiempo son diferentes porque el comisionado empezó a funcionar a mitad de 2015. Aún así, no se puede discutir que este tipo de procedimientos va en aumento, dado que, tal y como precisa en el informe, hasta mayo de 2017 ya tenía en su registro 75 reclamaciones, y la institución prevé que en diciembre haya recopilado unas 300.

De las resoluciones emitidas por el comisionado que dirige Daniel Cerdán sólo una ha generado que acabe en lo Contencioso-Administrativo. Se trata del Ayuntamiento de Santa Úrsula que se negó a informar a un ciudadano sobre el Plan Especial Camino del Litoral del municipio mencionado.

Sin embargo, los ayuntamientos no son los que mayor número de reclamaciones han generado por opacidad. El Gobierno que preside Fernando Clavijo provocó el 27,47% de las reclamaciones que recibió el comisionado en 2016 -el 39% se registró en 2015-. Los cabildos son el siguiente grupo con 20 quejas, entre los cuales destaca el de La Gomera, con las 16 presentadas por consejeros de dicha corporación.

De las 25 reclamaciones que generó el Ejecutivo autonómico, el Servicio Canario de Salud generó 11 quejas por negarse a dar la información solicitada.

En cuanto a los ayuntamientos, destacan las 12 reclamaciones relacionadas con el de la capital grancanaria -9 por una misma asociación «que no ha obtenido respuesta a sus demandas- y el de la capital tinerfeña, con 6 reclamaciones de una sola persona y relativas a un mismo procedimiento (selección de personal).

En cuanto al tiempo de respuesta del Comisionado de Transparencia a las reclamaciones que le llegan sobrepasó lo que establece la ley. «El plazo medio de resolución se ha elevado en 2016 hasta 95 días respecto a los 60 días de media en 2015», es decir 5 días más del plazo legal, se indica en el informe.

Además, 40 de las 91 resoluciones emitidas se concluyeron «después de haberse agotado el plazo de noventa días contemplado en la ley».

Las razones las da el propio Daniel Cerdán: «notable aumento de las reclamaciones sin el consiguiente refuerzo de medios, la complejidad de algunas y las prestaciones del personal a otras tareas».

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