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Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 24 de marzo 2022, 15:06
El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido este jueves por unanimidad al Gobierno de España que proceda al reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de los menores inmigrantes no acompañados, de los que en el archipiélago se atiende a casi 3.000.
La iniciativa ha sido presentada por la diputada del grupo Mixto Vidina Espino entre sus propuestas de resolución con ocasión del debate sobre el estado de la nacionalidad, y respaldada por todo el pleno, que también ha apoyado propuestas similares de otros partidos.
Entre ellas, una de Sí Podemos Canarias en la que se pide tratar en la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado la reubicación de manera equitativa de los menores extranjeros entre las comunidades autónomas.
Lo que ha rechazado el pleno con los votos de los partidos del Gobierno es la propuesta de Coalición Canaria para que el ejecutivo autonómico instara a la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral para plantear no solo «la distribución solidaria y obligatoria» de los menores, sino además otros asuntos como el REF, los ERTE, la reconstrucción de La Palma o las competencias en costas.
Tampoco se ha aceptado una propuesta del PP que pedía financiación estatal y que la distribución de menores migrantes fuera consensuada con las comunidades autónomas.
Otros de los acuerdos, auspiciados por Nueva Canarias y por Sí Podemos Canarias, han sido promover una iniciativa legislativa ante las Cortes generales para legislar sobre el reparto de los menores migrantes.
Por iniciativa de ASG, el Parlamento de Canarias pide a la UE realizar cambios normativos para favorecer la derivación reglada de los migrantes, especialmente los no acompañados, para evitar el colapso de las regiones fronterizas.
También se demanda que se dote a Canarias de los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a la inmigración, por iniciativa de Ciudadanos.
Otro de los acuerdos promovido por Nueva Canarias es reclamar la participación de Canarias en las decisiones del Estado sobre inmigración.
A la Unión Europea se le pide que en el pacto europeo de migraciones se sitúen los derechos humanos en el centro de las políticas, reforzando la cooperación en los países de origen, luchando contra las mafias y estableciendo vías legales y seguras.
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