«Más Salvamento, menos Frontex». Bajo este lema cuatro activistas canarios empapelaron la semana pasada el Centro de Coordinación Regional donde está la sede de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con la lista de los nombres de las personas que han muerto intentando emigrar a la UE desde 1993. Este acto simbólico vino a señalar nuevamente la negativa de varias organizaciones a la militarización de las fronteras europeas, puesto que no solo consideran injustificados «los enormes gastos de dinero público» por parte del Estado sino que sus políticas «represivas» carecen de efectividad.
«Para empezar nadie sabe exactamente qué es lo que hace Frontex porque es una institución bastante oscura, con poco control político y nulo control policial», indica Helena Maleno, portavoz del colectivo Caminando Fronteras. «Lo que si se sabe es la cantidad de dinero que tiene y que se sigue invirtiendo en material militar. La cuestión es qué empresas están detrás y cuáles son sus verdaderos intereses».
Desde su creación en 2005, la institución ha incrementado sus funciones y ampliado gradualmente su presupuesto hasta en un 6.400%: de los 6,2 millones que manejaba en sus comienzos alcanzó los 280 millones en 2017 y llegó a casi 460 el año pasado. En un intento por seguir reforzando las fronteras, la Unión Europa planea inyectar otros 5.600 millones de euros entre 2022 y 2029 y dotar de mayor autonomía a la agencia para contratar más personal y comprar equipos. Su objetivo es aumentar su cuerpo permanente de los 6.500 que se prevén este año a unos 10.000 en 2017. De estos, España cuenta actualmente con 257 agentes especializados para controlar la inmigración ilegal y solo 41 se encuentran desplegados entre Gran Canaria (21), Tenerife (11) y Fuerteventura (10).
«No creo que haya una política especifica para Canarias», explica Patricia Posadas, miembro de la plataforma Somos Red y SOS Refugiados. «Se trata del brazo armado de la UE en la frontera, un ejército privado que lo que hace es poner en práctica una política migratoria represiva, basada en la criminalización de las personas que están huyendo. A los criminales no se les ayuda, sino que se les detiene, y esa es la respuesta que están dando».
Varias organizaciones ponen así el foco en las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por sospechas de abusos por parte del Frontex hacia las personas migrantes, irregularidades en el presupuesto comunitatio, y devoluciones ilegales. En concreto, en Grecia y Turquía se recogieron evidencias de al menos una treintena de casos durante el pasado año.
Y a medida que se llenan sus arcas, también invierten en equipos más sofisticados como drones o inteligencia artificial. España también ha destinado millones de euros a la adquisición de tecnología puntera para la detección de embarcaciones y vallas «más altas» y «menos lesivas» que no justifican el incremento presupuestario ni tampoco suponen un freno a los migrantes. «Detrás de todo este sistema están los lobby armamentísticos: como en Europa no tenemos conflictos armados, digamos han encontrado en el fenómeno migratorio un sitio donde sacar rendimiento y España también querrá llevarse parte», añade Posadas.
Si bien el director de Frontex, Fabrice Leggeri, realizó en mayo una visita estratégica a Canarias para conocer la frontera con África con el fin de reducir su vulnerabilidad, los datos en el archipiélago no han ido a menos. El último balance publicado por el Ministerio del Interior recoge que en lo que va de año 5.386 personas han llegado a las islas a bordo de embarcaciones cada vez más precarias, con un incremento notable de la presencia de mujeres y menores de edad a bordo, lo que supone un 118% más con respecto al mismo periodo de 2020. De hecho, un informe publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas Europeo ha reconocido como «insuficiente» la ayuda de la agencia europea, cuestionando su capacidad para desempeñar su función operativa y detectando «lagunas» e «incoherencias» en el sistema de intercambio de información.
Por otro lado, y en detrimento de la inversión en la tecnología punta, el personal de Salvamento Marítimo continúa bajo mínimos. La escasez de medio humanos ya es una reivindicación histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) pero se ha visto aún más recrudecida con el repunte migratorio desde finales de 2019. De hecho, el sindicato no solo denuncia la congelación de una partida extra de 2,5 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado sino también la retirada de los refuerzos contratados en 2020. Fuentes consultadas apuntan a la «inconsciencia» del Gobierno por no armarse de un equipo permanente de atención —que no detección— de pateras, cuando se trata de un fenómeno cíclico.
«Invertir en Salvamento es dignificar la democracia y los Derechos Humanos —apunta Maleno—. Frontex hace todo lo contrario». A estas declaraciones se añade Posadas: «La única lógica que siguen es la del racismo institucional y la de reprimir, que no proteger, las fronteras. Si se destinara todo ese dinero a mejorar las políticas de acogida y a formar a esa mano de obra que hace falta en prácticamente todos los países europeos, definitivamente el escenario sería otro».
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