La nueva Ley de Empleo Público en Canarias: un cambio necesario que afectará a 124.000 personas

A iniciativa del Gobierno regional arrancó el procedimiento del anteproyecto de Ley de Empleo Público en Canarias, una renovación «necesaria» pues la actual legislación data de hace casi 40 años, y que afecta en las islas a 124.000 personas que trabajan para la comunidad autónoma y las entidades insulares y locales del archipiélago. Temas como la salud laboral, la discapacidad, la perspectiva de género o la movilidad interadministrativa se modernizarán y actualizarán para superar una normativa que desde todas las fuentes se considera «obsoleta» que no da respuesta a los retos actuales.

Según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (Bepsap) con datos actualizados a julio de 2024, en las islas trabajan 147.340 personas en las administraciones públicas, 23.431 en las del Estado, 89.536 en las que dependen de la Comunidad Autónoma y otras 34.373 de los cabildos y ayuntamientos.

Para Manuel González Arencibia, secretario general del Sindicato de Empleados Público de Canarias (Sepca), el hecho de que ya se esté en la fase de la «gestación del proyecto» ya puede ser considerado «un avance importante» porque, en estos momentos, la normativa que lo regula es muy antigua y algunas de las cuestiones más relevantes no se han regulado adecuadamente desde entonces.

«Las administraciones locales buscan referencia y no tienen regulaciones de relación de puestos de trabajo (RPT) y, sobre todo, de la movilidad interadministrativa. A día de hoy lo hacen a través de bolsas de empleo unos y otros no, cada ayuntamiento va por libre y se trata de conveniar porque es un poco caótico. En la actual ley se habla de que se regular, pero hay que desarrollarlo. Hay que dar orden a este caos», dice González Arencibia. Además, esta situación crea «inestabilidad y precariedad para el trabajador». Y recuerda que una de las áreas donde hay más movimiento es en la Policía dado lo deficitarios que son muchos ayuntamientos en este servicio.

También hay «diferencias retributivas» entre personas que trabajan para similares administraciones. «Habrá que buscar ciertas homologaciones», recuerda González Arencibia.

La nueva norma, además, tendrá que crear el nuevo Grupo B que viene en el Estatuto Básico, así como la evaluación de desempeño de la carrera profesional, recuerda el secretario general de Sepca, así como regular mejor los concursos de traslado y los procesos de ingreso a la función pública.

Jorge Reyes, del sector Comunidad Autónoma de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC OO) de Canarias también valora la nueva norma como «necesaria». La actual ley «se ha quedado obsoleta respecto a todo el marco normativo jurídico europeo y del derecho español y tiene que adaptarse», afirma.

Áreas como la salud y seguridad laboral, o temas como la discapacidad, el género o la temporalidad son asuntos que deben incorporarse a la nueva ley. Además, añade, el «acceso a la función pública» tras la «cantidad de jurisprudencia».

Para CC OO, la necesidad de una nueva normativa de empleo público es «una de las reivindicaciones de esta organización sindical» y valoran positivamente que el Ejecutivo regional lo haya hecho. También considera que es necesario regular la «cooperación entre administraciones públicas» y enunciar cómo deben relacionarse las administraciones para que esa movilidad del personal se ajuste a unos patrones de coordinación. Algo que se complica más, recuerda Reyes, si se tiene en cuenta que, además, todas las administraciones, aunque sean del mismo rango no tienen las mismas competencias delegadas. Y cita como ejemplo los cabildos insulares. Los dos de las islas capitalinas asumen más competencias que los de la nos capitalinas, señala, a veces por «problemas económicos» que les impiden asumirlas.

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