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Los 13 ayuntamientos que han presentado una proposición de ley para la declaración de municipios turísticos han quitado expresamente cualquier referencia a la financiación en el texto presentado en el Parlamento para «evitar polémicas» y facilitar su aprobación.
Conscientes de que varias iniciativas similares han encallado en la Cámara por este motivo, ahora han decidido apostar solo por un régimen que reconozca su particular estructura administrativa y de funcionamiento y, asegura el portavoz de estos alcaldes y regidor de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, pretenden hacer frente a los servicios que prestan sólo con sus recursos ordinarios.
«La única manera de conseguir consenso es renunciar a hablar de dinero, porque ha sido el gran escollo que ha hecho fracasar esta propuesta en ocasiones anteriores», apunta Pérez, aunque deja la puerta abierta a «cualquier enmienda parlamentaria».
En cambio, se apunta desde el Ayuntamiento de Adeje -otro de los municipios que aspira a contar con este estatuto-, sí consideran preciso que se tenga en cuenta su realidad cuando se trate de fondos turísticos específicos provenientes de la Unión Europea (UE) o del Estado, como los Next Generation.
Si bien algunos portavoces parlamentarios ligan la declaración de municipios turísticos a la posibilidad de contar con un fondo similar al que reciben Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por el Estatuto de capitalidad compartida, Marco Aurelio Pérez rechaza también este extremo.
Indica que «nos viene grande esa consideración», aunque reconoce que la estructura común del resto de municipios «se nos queda pequeña para abordar nuestra problemática» y por eso requieren un marco específico determinado por la actividad turística.
Insistió en que «renunciamos a más financiación porque ese ha sido el escollo otras veces» y rechaza también que su intención sea cualquier modificación en los criterios de distribución del Fondo de Financiación Municipal.
Respecto al desacuerdo expresado por la presidenta de la Fecam, Mari Brito, con la propuesta de 13 municipios de un Estatuto turístico y su apuesta por que tengan esta consideración todos los ayuntamientos canarios, Pérez insta a la dirigente municipalista que «negocie con el Parlamento», ya que la mayoría de los grupos -la ultraderecha se abstuvo- dio el visto bueno a la tramitación de su iniciativa.
Apostilló que «no puede hablar en nombre de los 88 ayuntamientos porque nosotros también somos Fecam».
El alcalde sureño recordó que este asunto lleva 30 años sin resolverse, ya que la Ley de Ordenación Turística de 1995 -en la que sí se establecen medidas fiscales y de financiación que permitan la prestación de servicios-fijó seis meses para la aprobación de este estatuto, pero siempre se ha quedado a las puertas del Parlamento.
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