Los migrantes en situación de calle disminuyen en las últimas semanas al flexibilizar el libre tránsito

La capital grancanaria continúa albergando campamentos improvisados de africanos que se han quedado al margen de los recursos estatales. Las Alcaraveras, El Confital, el Parque Romano o la trasera de La Minilla son algunos de los puntos de pernoctación más recurrentes de estas personas, sin contar las que permanecen «escondidas» por miedo.

Sin embargo —y a pesar de que cuesta aproximar cifras concretas debido a la clandestinidad— la percepción de las ONG es que el volumen ha disminuido en el último mes. Desde la plataforma Somos Red lo han notado en la cantidad de bocadillos que reparten a diario en la ciudad. Si antes se preparaban para atender a alrededor de 140 personas, ahora aseguran que lo hacen para 40, lo que supone un 71% menos.

Otro de los indicadores que podrían arrojar luz responde al reparto de menús diarios de Cáritas, aunque sus cifras no están segredadas por raza. En su centro de Escaleritas se pasó de la media de 350 en febrero y 390 en marzo a 300 en abril, sin que aún tengan los datos de mayo.

Por su parte, los consistorios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se resisten a dar una aproximación numérica, pero si bien en enero estimaban «muy a buena pluma» la presencia de entre 120 y 140 personas en la calle entre ambos municipios, aseguran que ahora quedan «pocos».

El descenso coincide, por un lado, con la apertura de los aeropuertos y el fin del estado de alarma, que ha permitido a muchas de las personas continuar su proyecto migratorio con la ayuda de familiares residentes en otros territorios del Estado o Europa. Somos Red señala que la sentencia en la que se ordenaba a la Jefatura Superior de Policía que dejase volar a la península a un inmigrante que contaba con pasaporte y billete de avión, así como el informe del Defensor del Pueblo, han permitido «flexibilizar mucho la movilidad». Un derecho que exigían desde que a finales de 2020 el Ministerio del Interior reforzó los controles sanitarios de la covid en los aeropuertos y puertos españoles para frenar el libre tránsito de los migrantes que pretendían salir de las islas por sus propio medios.

Por otro lado está el impulso de las derivaciones a península, que han descongestionado los campamentos. Entre abril y la primera semana de mayo, el Ministerio de Interior autorizó la derivación de 1.800 personas con la previsión de que al término del mes se alcanzaría entre las 5.500 y 6.000. Esto ha reducido en gran medida la posibilidad de conflictos internos, que muchas veces derivan en expulsiones o el abandono voluntario de los centros de acogida y, por tanto, en el aumento de ese sinhogarismo.

«Todo esto refleja aquello que desde el sector social se demandaba: una política de traslados ágil, trasparente y sistematizada, y garantizar el derecho al libre tránsito», explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias. «Aplaudimos que el circuito esté fluyendo porque los procesos estaban siendo lentos y por impulsos —añade—. Ahora hablamos de algo regular y se nota en que hay menos personas que acuden a la entidad, en la reducción de las colas en la supercomisaría, etcétera».

Con todo, no cesa la preocupación por buscar soluciones a aquellos que aún permanecen al margen de los recursos. Según la estimación de CEAR, la cifra total en el archipiélago podría ascender a unas 1.200 personas, la mayoría concentradas en Gran Canaria. Un dato sobre el que han también han alertado distintas fuerzas políticas, reclamando infraestructuras como la Fábrica de Hielo para darles «una atención digna» o fondos fondos europeos destinados a la crisis para su integración o reubicación.

Por su parte, Somos Red ha llamado la atención sobre posibles casos de menores que tratan de llevar ante la Fiscalía para darles asistencia. En general, aseguran, encuentran a estas personas «muy desgastadas emocionalmente», sobre todo de aquellas que tienen familiares cerca, ya que son los más desorientados.