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Un Gobierno no elige las circunstancias, debe gestionar lo que le toca. Son palabras de Fernando Clavijo en la legislatura pasada cuando el entonces presidente, Ángel Víctor Torres, señalaba que su mandato había sido el más difícil en toda la historia de toda la comunidad autónoma. En este primer año de la nueva legislatura, el pacto CC-PP-ASG-AHI ha declarado cuatro emergencias para dar respuesta a algunos problemas enquistados pero, indudablemente, el asunto que está requiriendo más tiempo y esfuerzo, sobre todo por parte del titular del Ejecutivo, es la gestión migratoria.
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El 15 de julio de 2023, Fernando Clavijo -en vaqueros y cazadora- presidió la toma de posesión de su Gobierno a través de videoconferencia. «Tiempo de cambios», vaticinó. El presidente se encontraba en La Palma siguiendo las labores de extinción del incendio de Puntagorda. Le acompañaban los consejeros palmeros Nieves Lady Barreto y Mariano Hernández. El resto del Gabinete juró sus cargos en Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Un mes después, se produjo el incendio de «sexta generación» en las cumbres de Tenerife. Avivado por el viento, el calor y la falta de humedad, afectó a cerca de 15.000 hectáreas y provocó la evacuación de miles de personas, además de los daños ocasionados a la flora y la fauna.
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El 30 de julio, La Gomera se fue a negro por el incendio de su central térmica que llevó a un colapso de la red eléctrica. Esta situación no solo dejó algunos núcleos de población sin electricidad durante dos días, sino que evidenció las carencias del sistema en las islas. Canarias declaró la emergencia energética que permitiría convocar un concurso exprés de generación de energía, que no incluye La Gomera. Esta convocatoria ya está aprobada por Madrid aunque rebajando las expectativas de megavatios y dinero. Además, el Ministerio de Transición Ecológica tiene en marcha el concurso para reforzar la potencia eléctrica que, en el caso del archipiélago, suma un total de 971 MW.
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Una larga e infructuosa negociación con el Estado en torno al decreto de transferencias de Costas acabó con un recurso de la comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional para gestionar plenamente el litoral, tal como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias. Como telón de fondo se encuentra el conflicto de los hoteles de la empresa Riu en Corralejo (Fuerteventura).
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CC tiene una diputada en el Congreso y ha querido sacar provecho de su voto. El cumplimiento de la agenda canaria, firmada primero con el PP y luego con el PSOE, marcha relativamente bien, según Clavijo, pero la prórroga de los presupuestos de 2023 ha obligado a renegociar y dejar asuntos para las cuentas de 2025.
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Bajo el lema Canarias tiene un límite, miles de personas salieron a la calle el 20 de abril para reclamar un cambio de modelo económico y turístico, a la vez que pedían medidas de protección para los residentes. Los convocantes han anunciado una segunda protesta.
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Una de las demandas que provocó el 20A fue la dificultad de miles de familias canarias para acceder a una vivienda. Obras Públicas aprobó -por decreto- medidas urgentes para dar respuesta a esta crisis habitacional, criticada por la oposición y los ayuntamientos.
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Aunque la primera Conferencia de Presidentes de cabildos ya tenía fecha para abordar el debate en torno al reto demográfico, los grupos de trabajo constituidos tienen sobre la mesa distintas propuestas sobre el desarrollo económico y turístico de las islas, que tiene en cuenta las ocho realidades insulares.
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Sin el consenso de los alcaldes y la principal asociación de vivienda vacacional, la Consejería Turismo se ha propuesto ordenar el alquiler vacacional en las islas, que ya suma el 36% de la oferta turística en el archipiélago. El proyecto entrará en el Parlamento después del verano con el objetivo de que esté aprobado antes de que finalice este año.
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Una de las promesas del pacto para esta legislatura fue la rebaja del IGIC. A lo largo de este año, CC y PP han defendido distintos argumentos para no llevarlo a cabo. La «incertidumbre» parece que tampoco lo hará posible en el presupuesto de 2025.
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Sin duda, la migración y la gestión de las llegadas de menores no acompañados a las costas del archipiélago ha centrado gran parte del trabajo del Gobierno de Canarias en este primer año de legislatura. Sin una posición unánime por parte del Partido Popular (PP) en el Estado, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se han dedicado de manera intensa a negociar un cambio en la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas acojan a estos chicos de forma obligatoria y atendiendo a criterios fijados hace ya dos años. Canarias tutela actualmente a más de 5.600 jóvenes en 80 recursos, una cifra que ha hecho colapsar el sistema y que ha dejado imágenes nefastas en algunos centros que dan cuenta de las condiciones no adecuadas para la acogida de niños.
Entrevista a Fernando Clavijo
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