Menos burocracia y más facilidades para contratar

Cada sector se define por su propia idiosincrasia, unas particularidades que en muchas ocasiones quienes legislan no tienen en cuenta. Eso es lo que arrastran las investigadoras y científicos españoles debido a leyes como las que rigen las contrataciones públicas o las decisiones que restringen las tasas de reposiciones y dificultan las nuevas contrataciones.

«Lo que se puede pedir a nivel estatal al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28A es quitar la burocracia de los procesos a la hora de gestionar los centros de investigación. Es una tortura para todos. La normativa no favorece las peculiaridades de los centros de investigación», lamenta la doctora en Ciencias del Mar Laura Cardona. En muchas ocasiones, abunda, «he visto cómo hay gente que tiene que abandonar su línea de investigación porque los contratos no llegan a tiempo, o las convocatorias se retrasan, sobre todo las de los planes nacionales, y los centros de investigación pequeños se ven muy condicionados por ello, no pueden sacar becas, o contratos. La normativa nos dificulta mucho la gestión del día a día».

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC Lluís Serra coincide, aunque aprecia «algo positivo». A mediados de febrero se aprobó el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la Ciencia, la tecnología y la innovación y universidad que presentó el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Una norma que establece diez medidas, entre ellas la reducción de las trabas burocráticas en el desarrollo de proyectos científicos y contratación estable de investigadores que contribuya a la desprecarización del colectivo. Según el propio Duque, no era la «solución definitiva», pero al menos sí «un avance». Ahora, señala Serra, «se pueden prorrogar los contratos más allá de tres años sin hacerla fija, que por otro lado antes tampoco podías dejarla en plantilla porque el presupuesto lo impedía». Esta práctica, señala el catedrático, «desvertebrava la investigación y sustituía la mano de obra experimentada por gente poco preparada».

Para el físico Antonio Ortegón, técnico del ITC y delegado sindical de CC OO, «siguen trayendo cola» los recortes que se aplicaron a la ciencia en la época de la crisis. «Al Estado hay que pedirle un esfuerzo en investigación a la altura de los retos que la comunidad científica tiene que abordar. España está a la cola de inversiones en I+D en el contexto de Europa y, a su vez, Canarias está a la cola de las inversiones en España, solamente la Comunidad balear invierte menos que Canarias, es algo vergonzoso. En Europa la media está por encima del 2% del PIB, en España anda por el 1,2% y en Canarias está en el 0,50%. Y eso no significa que se ejecute todo», lamenta.

Ortegón también coincide en señalar el problema de la burocracia. «La nueva ley de contratación está demasiado encorsetada. Está muy bien la fiscalización, pero se hace muy complicado contratar servicios de escaso coste», admite.

Serra también se refiere a la necesidad de que se pueda atraer a personal investigador «flexibilizando» las condiciones e, incluso en las islas, «aprovechando el clima» y lamenta que el sistema español obligue a «perder un año» en oposiciones: «eso tiene que agilizarse y permitir buscar a las personas adecuadas», añade.

A juicio de Antonio Ortegón, técnico del ITC, la crisis acentuó la fuga de cerebros «como consecuencia de la estructura de financiación que es precaria. (...) La respuesta a la crisis pasó por el decremento a la financiación. Alemania, en cambio, incrementó y contribuyó a captar materia gris», apunta. Coincide con el catedrático Lluís Serra en la falta implicación privada «pese a que hay sectores que podrían tener un desarrollo mayor, como el de las energías renovables o todo lo relacionado con el ciclo del agua».

Uno de los grandes problemas a los que debe enfrentarse la universidad española es el alto número de docentes en vías de jubilarse y la falta de personal para sustituirlo. «Se están jubilando y no se están reponiendo», se queja demandando la universidad como «no como una academia» sino centros de «docencia e investigación».

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