El 40% de los menores sigue pendiente de las pruebas de edad

El problema de los menores no acompañados lleva ya dos años enquistado en las islas. La masiva llegada de 2020 saturó los recursos del archipiélago, que actualmente acogen a 2.442 (alrededor de 2.000 en dispositivos del Gobierno y el resto en los gestionados por los cabildos).

Con estas cifras, desde la Consejería de Derechos Sociales consiguieron acuerdos para dar traslado a la península solo a 208, y aún continúan a la espera de abordar una ley de corresponsabilidad que garantice un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas.

Mientras tanto, en los centros canarios se quejan de otra dolencia que podría aliviar la presión: el retraso en los decretos de determinación de la edad. Según los últimos datos del Gobierno, 976 siguen pendientes de las pruebas, es decir, el 40%. La media de espera para los jóvenes varía entre los cinco meses y el año y medio, lo que se traduce no solo en la peligrosa convivencia de los mayores de 18 en los dispositivos.

La acumulación de expedientes también interpone problemas para la escolarización y la obtención de permisos de residencia y trabajo, abocando a muchos que llegan en el límite de los 17 a un limbo administrativo una vez cumplen la mayoría de edad.

Entre las causas están, por un lado, el incremento de los menores en las pateras y, por otro, la falta de personal en el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía de Extranjería, pese que la Delegación del Gobierno a ampliado el número de efectivos para agilizar las pruebas.

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