Menores que piden asilo: «Se les ha estado vulnerando sus derechos»

El Estado está «articulando» cómo hacerse cargo de los 1.300 menores migrantes tutelados por Canarias que han solicitado asilo político tras el auto del Tribunal Supremo. «Tengo la esperanza, tanto yo como muchísimos juristas, en que se encuentre la fórmula porque son 1.300 niños a los que en este casi año y medio se les ha denegado el acceso al sistema de acogida de protección internacional, y es de lo único de lo que estamos discutiendo, y que se está vulnerando una vez más el interés superior de todos estos menores», aseguró este viernes la abogada experta en extranjería Vania Oliveros.

La jurista participó en el seminario 'La aplicación práctica del acto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea en el marco de la política exterior española' que acogió Casa África.

«Desde la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Santa Cruz de Tenerife estamos muy pendientes y preocupados porque se están generando entrevistas a niños, sobre todo de Mali, sin la asistencia letrada», lamentó la abogada en referencia a las citas para escuchar a quienes solicitan asilo político. Además, añadió, «es una lucha que llevamos continuamente, al igual que estar presentes en procesos de determinación de la edad».

La abogada también puso énfasis en que se están tratando las circunstancias «de estos niños» como si fuera «una emergencia, como una crisis temporal». Sin embargo, advirtió Oliveros, «esto es una realidad en nuestro territorio».

Por su parte, Nuria Díaz, coordinadora estatal de Incidencia y Comunicación de CEAR, que también participó en el seminario, dijo que su organización estaba «a la expectativa» de cómo se iba a desarrollar el procedimiento y que estaban «a disposición para la defensa del interés superior, del menor y que la protección de estos sea efectiva». Y si se percataran de «medidas que puedan ser lesivas para las personas solicitantes de asilo, lo pondremos en conocimiento de las autoridades porque sería gravísimo», aseguró.

Díaz también mostró su preocupación por el Pacto de Migraciones y Asilo de la UE porque «a diferencia del contexto actual, este pacto plantea nuevos riesgos para las personas migrantes y solicitantes de asilo. Entre estos riesgos está la extensión de la atención que nosotros consideramos que siempre tiene que producirse. En último lugar, que se tienen que aplicar medidas alternativas y que en ningún caso se deben aplicar a niños y niñas. Otro de los riesgos que existen es la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados que pueden dificultar que se identifiquen situaciones de especial vulnerabilidad, entre ellas de niños, niñas y víctimas de trata».

Más contundente fue José Antonio Moreno Díaz, responsable Confederal de Migraciones del sindicato Comisiones Obreras y consejero ante el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas. A su juicio, es «vergonzoso» que en estos tiempos «siendo España un país de acogida y siendo Canarias una tierra de acogida, siga jugándose con la distribución de los niños y niñas en situación de desamparo», en referencia al reparto entre comunidades de los 5.000 menores extranjeros no acompañados que acogen las islas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

«Entendemos que es una situación inaceptable y que las responsabilidades políticas deben ser asumidas desde el punto de vista de la mayor protección del interés superior que corresponde a los niños y niñas en situación de desamparo», añadió Moreno Díaz.

También es «escandaloso», continuó, «que las comunidades autónomas de la Península no cumplan con su obligación de acoger». De hecho, dijo, «se llega a una situación bastante paradójica, es decir, lo que España como Estado exige a la Unión Europea en cuanto a la distribución de personas que llegan a España por nuestra situación geográfica y que se produzca una distribución adecuada de solicitantes de protección internacional, España a nivel interno no lo cumple».

El diputado europeo Juan Fernando López de Aguilar (PSOE) recordó en su intervención que el Pacto de Migraciones y Asilo de la UE lleva gestándose una década porque «es un asunto extremadamente espinoso. Es divisivo» geográficamente e ideológicamente». Y criticó que el PP llevara al Constitucional el reparto de menores. «Aquí hay un problema», dijo.

También señaló que «para poder instrumentar la acogida solidaria de esos menores no acompañados demandantes de asilo lo que hace falta sin duda es un arreglo con las comunidades autónomas porque no hay una sola situación que no exija una cooperación de las comunidades autónomas».

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