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El caso Mascarillas, centrado en el contrato suscrito entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 para la compra de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas y por las que se pagaron cuatro millones de euros, está ahora bajo la tutela de la fiscal María Concepción Sabadell Carnicero.
Su nombre saltó a los medios como la fiscal que protagonizó el juicio del caso Gürtel, que terminó con la condena de Luis Bárcenas y del Partido Popular.
Sabadel fue fiscal Anticorrupción y desde julio de 2020 es fiscal europea. El Consejo de la Unión Europea aprobó en ese mes el nombramiento de los fiscales de los 22 estados miembros que conforman la Fiscalía Europea, a razón de uno por cada país.
La Fiscalía Europea es la encargada de investigar los delitos que perjudiquen intereses financieros de la UE, en concreto los previstos en la Directiva 2017/1.371. Además, ejercerá la acción penal y la apertura de juicio contra los presuntos autores de los delitos, practicando asimismo la función de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes.
El caso Mascarillas ha pasado a la Fiscalía Europea tras reclamarlo esta al entender que pudo haber una malversación de fondos comunitarios.
El juez instructor hasta este mes, el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca se inhibió, de manera que todas la actuaciones salen del juzgado rumbo a la sede de la Fiscalía Europea en Madrid.
Entre los documentos se encuentra el escrito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que concluye que finalmente el perjuicio de aquel contrato es para las arcas regionales y que no se endosó la operación a los fondos Feder de la UE porque el Servicio Canario de Salud no cumplió el trámite para ello. Según fuentes jurídicas, ese hecho podría derivar en que el caso sea devuelto a Canarias.
Si finalmente se lo queda la Fiscalía Europea, las actuaciones realizadas en el marco de la instrucción tienen plena validez. Según el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 9/2021, «si la Fiscalía Europea ejerciera el derecho de avocación, las autoridades nacional que estuvieran investigando estarán obligadas a remitir las actuaciones, absteniéndose de conocer, sin perjuicio de la realización de las medidas urgentes necesarias para la investigación.
No se producirá la retroacción de actuaciones, salvo en lo que resulte indispensable para la continuación de la investigación».
Sobre esto último, la defensa de Conrado Domínguez ha pedido al Juzgado de Instrucción número 7 la nulidad de las actuaciones al entender que desde el primer momento no era competente para instruir.
Cabe recordar en este sentido que ni el fiscal Anticorrupción en su querella ni el juez en la instrucción incluyeron inicialmente el presunto delito de malversación. Sí apreciaron indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. La malversación solo apareció incluida en las últimas semanas, precisamente cuando la Fiscalía Europea entró en escena.
Tras la querella inicial de Anticorrupción, centrada en Conrado Domínguez, el empresario Rayco Rubén González y la que fuera directora de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, la lista de investigados se incremento en cuatro:en primera instancia con la esposa, la madre y un primo del dueño de RR7 y después con Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez.
En abril de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicó los nombres de los fiscales que, bajo la dirección de Concepción Sabadell, asumen los casos que llegan a la Fiscalía Europea en España. Son Oihana Azcue Labayen, Víctor Joaquín González-Herrero González, Gloria Yoshiko Kondo Pérez, María Elena Lorente Pablo, Olga Muñoz Mota, Laura Pellón Suárez de Puga y Pablo Rafael Ruz Gutiérrez. El proceso de selección, en el que participaron miembros activos del Ministerio Fiscal y de la judicatura como requisitos de participación ofrecer absolutas garantías de independencia y sobrada experiencia.
El ya exdirector del Servicio Canario de Salud acudió esta semana a la sede de la Fiscalía Europea en Madrid. Conrado Domínguez lo hizo acompañado de su abogado, José María Domínguez Silva. Domínguez, que puso en contacto en 2020 a RR7 con el Servicio Canario de Salud y que negó haber hecho gestiones con el dueño de la empresa, dimitió cuando fue informado de que su destitución iba a ser abordada en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo dio ese paso al quedar en evidencia que había mentido al fiscal, al juez y al propio Gobierno.
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