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La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha trasladado por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la necesidad urgente de convocar una Comisión Mixta Canarias-Estado para culminar los trabajos iniciados hace dos años para mejorar las compensaciones al transporte de mercancías en Canarias, y seguir avanzando en la actualización del cálculo de los costes tipo, informa en un comunicado de prensa.
En esta misiva, Fernández ha trasladado al director general de Marina Mercante, Gustavo Santana, que aún quedan pendientes ajustes clave para los costes tipo de 2025 que afectan a las compensaciones del transporte realizadas en 2024. «Aún queda trabajo por hacer para que podamos definir un coste tipo específico para las rutas entre las islas no capitalinas, dada su realidad diferenciada y los sobrecostes que enfrentan; así como llevar a cabo una modificación de algunas unidades de referencia de los costes tipo para reflejar con mayor precisión los costes reales del transporte», señala en la nota.
Cabe recordar que, el pasado año, la Abogacía del Estado reconocía y validaba en un informe la mayoría de los reclamos procedentes del Gobierno canario y del sector para que la metodología para calcular los costes tipo fuese más fidedigna y ajustada al coste real que deben soportar las empresas canarias. «En este caso, conseguimos que el Estado aceptase que el muestreo de referencia para obtener los costes tipo fuese de los transportes que se realizan en Canarias y de las islas con el territorio peninsular y con Europa, evitando coger de referencia a transportes internacionales que no se realizaban siquiera con el archipiélago».
En los costes tipo aprobados en 2024, aplicables a las compensaciones por los transportes realizados en 2023, se incorporaron algunas mejoras acordadas en el seno de la Comisión Mixta, como la consideración exclusiva de las navieras y líneas aéreas que efectivamente transportaron mercancías objeto de la subvención; o la modificación del umbral de revisión de los costes tipo, fijándolo en un 50% respecto a las solicitudes afectadas por el coste tipo del año anterior, en respuesta a las demandas del sector.
«El pasado año presumíamos con orgullo de que una gran mayoría de las cuestiones que se habían planteado habían sido resueltas favorablemente, y con respaldo de la Abogacía del Estado, pero también reconocíamos que aún quedaban mejoras por implementar, y eso es lo que reclamamos ahora: una convocatoria urgente de la Comisión para que todos los avances y pasos dados hasta ahora no hayan sido en vano, y se complementen con las medidas que faltan», insiste Fernández.
La directora explica que, en otras cuestiones, la Comisión debe avanzar en la aprobación de la orden de costes tipo y su publicación en el BOE, asegurando así un marco normativo claro y estable que prevenga futuros requerimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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