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El Gobierno central impone su criterio y todos los proyectos de construcción de viviendas protegidas de promoción pública en el archipiélago deben contar con un informe ambiental.
Es parte del acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Canarias-Estado respecto al decreto ley aprobado en febrero por la comunidad autónoma de medidas urgentes en materia de vivienda, a instancias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez.
Con el acuerdo publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este lunes- que incluye un nuevo artículo (4 bis), la modificación del artículo 5, así como la derogación de otros dos-, ambas administraciones dan por resueltas las discrepancias manifestadas por el Gobierno central y eluden recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
A partir de ahora, el Ejecutivo autonómico debe proceder a la modificación de la norma, tal como ha quedado pactado en la comisión bilateral y firmado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente regional, Manuel Domínguez.
De esta manera, el Estado modifica la redacción de la norma canaria en la que se apunta que la aplicación de las medidas recogidas en el decreto-ley, de acuerdo con la declaración de emergencia habitacional, no está sometida a evaluación ambiental por su finalidad, por las circunstancias excepcionales que las justifican y por tratarse de actuaciones de escasa dimensión e impacto sujetas a licencia.
En particular, contempla la ley, los proyectos de construcción de viviendas protegidas de promoción pública, aun cuando requieran de obras de urbanización, quedan excluidas de evaluación de impacto ambiental. A partir de ahora, este informe debe incluirse en el proyecto.
Explica la Consejería que la intención era eximir algunos proyectos precisamente por la declaración de emergencia, pero tras el acuerdo de la comisión bilateral, todos deben someterse a la declaración de impacto.
Asimismo, las dos administraciones han pactado un nuevo artículo al decreto ley, el 4 bis, que requiere a los ayuntamientos que motiven la cesión de suelo destinado a dotaciones y equipamientos para la construcción de vivienda.
El departamento de Pablo Rodríguez puntualiza que se trata de fijar el trámite procedimental que debe llevar a cabo el ayuntamiento para poner estos terrenos a disposición y que se pueda utilizar para vivienda protegida. La medida será acordada por el pleno municipal, previa información pública de siete días, «sin más trámite ni informes».
Además, el acuerdo detalla que, cuando se construya en suelo de equipamiento, la calificación de vivienda pública es indefinida. El decreto ley no contemplaba esta posibilidad, de forma que se podía acotar el plazo, aunque la Consejería modificó, en el propio decreto ley el artículo 49 de la Ley de Vivienda para incluir que el parque público de vivienda es permanente.
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