Madrid aprueba el decreto para el reparto de menores migrantes

El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hará obligatoria la distribución entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados acogidos por los territorios con sus recursos de acogida saturados, como es el caso de Canarias.

Se cumple así el calendario pactado entre los gobiernos central y canario, dando Madrid respuesta a lo que desde las islas se lleva reclamando desde que la consolidación de la Ruta Canaria migratoria desbordó esa capacidad de acogida. A día de hoy, Canarias tutela a unos 5.500 menores migrantes no acompañados, a los que da respuesta en 86 centros que están saturados.

El Estado se decanta finalmente por la vía del decreto ley, como había solicitado el Gobierno regional. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la medida entra en vigor, si bien, esta necesitará la convalidación en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Por lo pronto, contará con el apoyo de los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tendió la mano al resto de fuerzas políticas, como el Partido Popular, para que haya un «acuerdo de Estado» y de su apoyo en la Cámara Baja al cambio en la norma.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres no especificó cuántos menores tendrá que acoger cada territorio tras la puesta en marcha de la medida. Eso sí, detalló que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para trasladar las certificaciones con los datos de los menores de los que se hacen cargo en la actualidad. Ahí se conocerá la capacidad de respuesta que tiene cada comunidad autónoma.

Los parámetros que se seguirán para distribuir a los chicos son «muy similares» a los que se pactaron por las regiones en las conferencias sectoriales de Infancia de los últimos tres años. Tienen en cuenta la población de cada territorio, su renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo realizado con anterioridad en la acogida.

Así, se establecerá la «contingencia migratoria» en una comunidad cuando esta multiplique «por tres» su «capacidad ordinaria». Esta se calculará dividiendo el número de menores migrantes no acompañados que haya en el conjunto del territorio entre la población total del país. La cifra resultante se dividirá entre la población de cada una de las regiones, dando así la capacidad de respuesta que tendría cada territorio. «En Canarias saldría, más o menos, 900 chicos y chicas, y, ahora mismo, tiene casi 6.000», remarcó el ministro canario.

El pasado año se llevó al Congreso una proposición de ley para cambiar la Ley de Extranjería y que la distribución no estuviese sujeta a la voluntad de las autonomías pero decayó al votar en contra Junts, el PP y Vox.

El decreto que va al Consejo llega justo en un pleno giro del PP, que ha aceptado en Valencia las tesis de Vox contra la acogida de migrantes a cambio de atar el apoyo del partido de Abascal a los presupuestos autonómicos. Ese acuerdo cuenta con el aval de la dirección nacional del PP.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado como «importantísimo» y «feliz» el día para España y Canarias tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto que establece «un sistema de protección nacional» para menores migrantes. El decreto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería, garantiza tres aspectos fundamentales: inmediatez en su aplicación desde su publicación en el BOE, establecimiento de la «capacidad ordinaria» de las comunidades autónomas, y financiación estatal de 100 millones de euros para este año.

Clavijo destacó que esta medida responde a las demandas que Canarias y Ceuta han planteado durante los últimos 18 meses en su lucha por mayor solidaridad entre comunidades autónomas. «Hoy la zona fronteriza es Canarias y Ceuta, mañana puede ser Baleares o Andalucía», manifestó el presidente canario, enfatizando que se trata de un verdadero sistema nacional que cumple con las necesidades del archipiélago frente al desafío migratorio.

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