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La Ley del Suelo aprobada en 2017, que ahora ha entrado en un proceso de revisión, abrió la puerta a introducir modificaciones menores en el planteamiento de manera ágil para responder a las necesidades del día a día de los ayuntamientos sin necesidad de 'tocar' el plan general.
Con esta posibilidad sobre la mesa se han abierto más de 200 expedientes en la Consejería de Política Territorial desde que entró en vigor la norma y permite «ver la magnitud de esta herramienta, que es parte de su éxito», considera el director general del Territorio, Onán Cruz.
Se trata, explica, de cambios puntuales a los planteamientos, modificaciones menores y estudios de detalle que abren la puerta a desarrollar una parte del planeamiento sin llevar a cabo una revisión de todo el plan general.
Puntualiza que «evidentemente, si se trata de una modificación de envergadura, que no se puede considerar menor y necesita 'tocar' la redacción estructural del municipio, entonces sí el preciso adaptar el plan a la nueva ley de 2017».
Ahora, el Gobierno de Canarias trabaja en la modificación de este texto, aprobado en la anterior etapa de Fernando Clavijo al frente de la comunidad autónoma, para «intentar agilizarla, matizar la interpretación de algún artículo y comprimir los procedimientos».
De tal forma que un municipio que quiera cambiar su estructura de plan general «lo pueda hacer sin tener que afrontar un proceso que se prolongue durante seis, ocho o diez años de tramitación».
Indica al respecto el director general que esta agilización es necesaria porque «en muchas ocasiones, cuando acaba todo el proceso, las circunstancias que han inspirado esa modificación han vuelto a cambiar y donde tenías previsto un crecimiento ya no es necesario».
De esta manera, agrega, es posible «desarrollar zonas donde era necesario intervenir con instrumentos de menor calado que un plan general sin cambiar la estructura del municipio».
La mayoría de los 88 ayuntamientos de Canarias tiene su planeamiento aprobado, aunque no todos han sido adaptados a la Ley del Suelo de 2017, sino que la han llevado a cabo con normas anteriores.
Otros mantienen normas subsidiarias como Mogán, que ha ido modificando su plan general con cambios considerados menores. En este sentido, Cruz puntualiza que «la comunidad autónoma tiene su planeamiento actualizado a través de los distintos instrumentos que permite la norma».
La ley aprobada hace seis años pretendía profundizar y agilizar los procedimientos, tanto en la tramitación de los instrumentos de ordenación como en la tramitación de las licencias.
Pasado este tiempo, Onán Cruz explica que toda norma «necesita un periodo de rodaje en el que se detectan distintas interpretaciones por parte de las distintas entidades locales o aspectos que se deben ir afinando».
En esta línea se ha planteado la revisión de la ley, para «seguir avanzando en los principios que inspiraron la ley de simplificación de cesión de competencias a ayuntamientos y cabildos y intentar agilizar planeamientos».
Pero insiste en que «no existe un problema, sino que los procedimientos son los que son y lo más que se tarda en redactar y aprobar de un planeamiento son los informes sectoriales».
En las reuniones previas que ha iniciado la Consejería que dirige Manuel Miranda para abordar esta modificación, los trabajadores de Política Territorial reclaman «aclaraciones de diversos artículos o definir qué tipos de licencia pueden ir a comunicación previa o no».
El objetivo de las reuniones que se están llevando a cabo -Política Territorial ya se ha reunido con Fecam y Fecai y entra ahora a mantener encuentros con distintas organizaciones- es analizar qué aspectos son susceptibles de mejorar «para que el planeamiento sea lo más rápido y eficaz posible y responda a las necesidades de los municipios», afirma Onán Cruz.
Uno de los principios de la ley de 2017 es que «los ayuntamientos son mayores de edad» y capaces de llevar a cabo todas las gestiones en torno a su suelo, tanto en la aprobación de los instrumentos de ordenación como en la concesión de licencias.
Onán Cruz explica que la ley obliga a que haya un instrumento de evaluación ambiental. Sin embargo, las entidades con menores recursos pueden delegar en administraciones de carácter superior, ya sean cabildos o comunidad autónoma. En este sentido, ya son 29 los municipios de las islas que han dejado su evaluación ambientalen manos del Gobierno regional.
Cruz afirma que Canarias «no se ha planteado volver» a un órgano autonómico como fue la Cotmac. Aunque la modificación de la ley está aún en fase preliminar, y ya ha habido encuentros con cabildos y ayuntamientos, «de momento nadie ha dicho que desee volver a un órgano autonómico que evalúa todo los programas, sería ir contra la filosofía de la ley actual».
Insiste en que el objetivo de la actualización «no es crear otra Cotmac, sino ahondar en procedimientos donde hay discrepancias o necesidad de matizar».
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