La ley de iniciativa popular por la sanidad canaria sigue en trámite tras 15 años

Hace quince años un grupo de personas encabezadas por Esteban Lorenzo Rivero y entre las que estaba Guillermo de la Barreda presentaron a la cámara regional una proposición de Ley de iniciativa popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública de Canarias. Habían recogido de todas las islas 25.000 firmas. En 2012, todos los grupos parlamentarios por unanimidad admitieron a trámite la ley. Quince años después la iniciativa sigue en trámite, y este próximo miércoles, en la segunda sesión del Pleno del Parlamento de Canarias está previsto que se trate.

«Ya era hora», asegura De la Barreda en conversación telefónica. «Nosotros dijimos claramente que no somos juristas ni especialistas en el desarrollo de las leyes. Bastante nos costó reunir las 25.000 firmas y tuvimos una alegría cuando se aprobó por unanimidad su trámite» en 2012, recuerda.

«Casi al final de la legislatura anterior nos llamó el presidente de la Comisión de Sanidad y nos dijo que querían sacar esto adelante. En enero de 2023 salió en el Boletín que Comisión decidió ampliar el plazo de enmiendas. Después vinieron las elecciones y eso se olvidó», añade. En realidad en todas las legislaturas desde 2010 cada vez que ha entrado un nuevo Gobierno nos han llamado para hablar de la ley, pero no han hecho nada. Todos nos han llamado, hemos tenido reuniones en el Parlamento y nada», lamenta. Por eso cree que «esto se va a quedar es un café descafeinado. ¡Ojalá me equivoque!, dice De la Barreda, que reconoce que esta dilación en la tramitación de una ley de iniciativa ciudadana «desactiva» a la ciudadanía. Además, lamenta, «Canarias es la única comunidad autónoma que no tiene una ley de sanidad. Legislar significa que muchas de las anormalidades que se están cometiendo ahora con una buena ley no se estarían cometiendo». De la Barrera pone como ejemplo la «concertación con la sanidad privada que ha dado durante más de 30 años signos de que no soluciona el problema».

Para el exconsejero de Sanidad por el PSOE Jesús Morera, la iniciativa ha estado tanto tiempo en trámite por «no hubo valor» para cambiarla. La misma se presentó cuando él era diputado y fue el portavoz de su grupo cuando el Parlamento aceptó la ley «con modificaciones» en marzo de 2012. Morera reclamó entonces una «gestión rigurosa» para la sostenibilidad del sistema.

Román Rodríguez (NC) por el grupo Mixto, María del Mar Julios, por el Grupo Nacionalista (CC-CCN-PNC) y Mercedes Roldós, por el Grupo Popular fueron los restantes intervinientes.

En marzo de ese mismo año llegó el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Entre sus conclusiones señala que el texto que la iniciativa estaba más próximo a una Proposición NO de Ley (PNL) que al de una ley y algunos apartados del articulado los consideraba fuera de las competencias de la Comunidad Canaria.

El texto, dice Morera, había que «cambiarlo», había que «rehacerlo», y parece que es lo que se ha estado haciendo desde 2012 en sucesivas comisiones de Sanidad y con distintos portavoces. En septiembre de 2023 fue la última ocasión en que los partidos designaron a sus portavoces.

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