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Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de julio 2017, 14:07
Santiago Negrín se queda sin apoyos para continuar al frente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC). En una tensa sesión de la comisión parlamentaria celebrada este viernes, Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias y Podemos le han pedido que dimita, al tiempo que se ha anunciado el inicio del procedimiento de forzar su salida si no llega el cese.
Además, Nueva Canarias ha pedido a la Comisión de Radiotelevisión que encargue un informe jurídico sobre los supuestos incumplimientos legales en la gestión de Negrín.
La sesión ha terminado de forma abrupta. Santiago Negrín cerró su intervención con una catarata de descalificaciones contra los diputados, y en especial contra Román Rodríguez, y al desoír el presidene de la Comisión las peticiones de amparo -en especial de la diputada del PP Australia Navarro-, los representantes del PSOE, PP, Podemos y NC se han levantado y se han marchado. Negrín solo se ha visto apoyado por Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera.
En la sesión, Negrín ha recibido un aluvión de críticas por cómo lleva gestionando el ente; el riesgo de que la radio y la tele públicas se vayan a negro en septiembre al no actuar con diligencia para resolver la prórroga del contrato de la señal; la ausencia de secretario del Consejo Rector y las dudas sobre la legalidad de la última sesión, con nombramiento por vía de urgencia de nueva secretaria, y también por constituirse en órgano de contratación en el concurso de informativos. Sobre este punto, Negrín trató de escudarse en un informe jurídico del catedrático Martín Orozco, ante lo que los parlamentarios le recordaron que era el mismo que asesoró al anterior director de RTVC, Guillermo García, así como que fue quien elaboró la propuesta de Reglamento del Consejo Rector que el Consejo Consultivo echó para atrás. Además, le reprocharon que se amparase en “informes jurídicos a la carta” y desde las filas socialistas María Dolores Corujo insistió en el argumento que ya había esgrimido inicialmente Román Rodríguez: la ley de 2014 que creó el Consejo Rector deja claro que los contratos que superen el millón de euros y una anualidad deben ser tramitados y aprobados por el Consejo Rector, y no por el administrador único de las sociedades mercantiles englobadas en RTVC.
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