La juez de La Laguna mantiene la imputación de Godiño

La magistrada que instruye el caso grúas en primera instancia en La Laguna ha decidido mantener la imputación al ahora portavoz de CC en el municipio, Antonio Pérez-Godiño, tras tomarle declaración durante más de dos horas. También declararon en calidad de testigos Alejandro Cordero y Antonio Vera, los dos funcionarios que asumieron la gestión en enero de 2014.

Antonio Pérez-Godiño, que fue concejal de Participación Ciudadana con el ahora presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como alcalde de La Laguna, salió este lunes del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna con la misma situación procesal con la que entró dos horas antes: la de investigado (imputado hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y tan callado como entró en el Juzgado, lo abandonó. Sus únicas palabras fueron «no voy a hacer declaraciones, gracias».

Fuentes judiciales apuntan a que tras mantener a Pérez-Godiño esta situación procedimental, el próximo paso de la juez Celia Blanco debería ser llamar a declarar al actual alcalde de La Laguna, el también nacionalista José Alberto Díaz, que fue concejal de Seguridad Ciudadana con Clavijo y responsable de la resolución de la prórroga de la concesión del servicio de recogida de vehículos.

Pérez-Godiño fue el responsable, en sustitución de José Alberto Díaz, de la firma de uno de los tres decretos cuestionados por el interventor municipal (los otros dos los firmó Clavijo) relacionados con el rescate y la prolongación de la concesión administrativa del servicio de grúas en La Laguna una vez que la empresa concesionaria, arruinada por los impagos del Ayuntamiento, es comprada por siete trabajadores, que el pasado martes ya declararon en calidad de testigos. La jueza les ha mantenido la misma situación procesal. El portavoz de CC en el Ayuntamiento de La Laguna, que es esposo de la histórica dirigente de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI-CC), exconsejera de Sanidad y ahora concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Marisa Zamora, en concreto firmó el decreto por el que se decide prorrogar, dentro de la medida cautelar de asunción temporal de la gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, adjudicada a Autogrúas Poli SL, por un periodo de cinco años, de 2014 a 2019 y por un importe máximo anual de 650.000 euros.

La juez ya ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante su imposibilidad para tomar declaración a Fernando Clavijo dada su condición de aforado.

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