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Loreto Gutiérrez / Madrid
Lunes, 1 de abril 2019, 08:38
Al ya complicado trámite administrativo al que desde 2011 se tienen que enfrentar los españoles residentes en el exterior para ejercer su derecho al voto se suma en esta ocasión que deben pasar por el engorroso proceso por partida doble en menos de un mes, para las elecciones generales de 28A y las autonómicas del 26M.
En el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hay inscritos -según datos del INE a 1 de febrero de 2019- un total de 146.577 canarios, de los que 47.638 pertenecen a la provincia de Las Palmas y 98.939 a Santa Cruz de Tenerife. Si se repite la pauta de 2016 la previsión es que solo un porcentaje muy bajo de ellos participe en las elecciones generales y aún menor en las autonómicas.
En los últimos comicios generales de hace tres años, con un censo de canarios en el exterior algo inferior al actual -2.400 inscritos menos- apenas un 4% tramitó su voto y no en todos los casos contabilizaron en el escrutinio, bien porque las papeletas no llegaron a tiempo o por anulaciones debido a los escollos del trámite burocrático.
La obligatoriedad de comunicar personalmente la voluntad de ejercer el derecho de sufragio -conocida como voto rogado- que se estableció en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 ha hecho que se desplome desde entonces el número de residentes en el extranjero que participan en los procesos electorales, dándose la paradoja de que a medida que aumenta el censo disminuye la participación.
El voto rogado se estableció con la intención de evitar casos de fraude electoral y ajustar la cifra de votantes al censo real. Pero vistos los efectos negativos, ocho años después de su implantación todos los partidos -incluidos los que en su día apoyaron la reforma- coinciden en la necesidad de simplificar los trámites para facilitar el voto a los españoles que viven en el extranjero.
La última iniciativa para cambiar el artículo 75 de la LOREG y acabar con el voto rogado la impulsaron PSOE y Podemos en febrero, tras dos años de trabajo de una subcomisión parlamentaria, pero pese a tramitarse por la vía de urgencia se vio frustrada por la convocatoria de elecciones anticipadas y la consiguiente disolución de las Cortes.
Ante la imposibilidad de eliminar el voto rogado para la doble convocatoria electoral de abril y mayo, Podemos y PP solicitaron a la Junta Electoral Central que los inscritos en el CERA pudieran realizar el trámite una sola vez para los dos procesos, pero a principios de marzo la petición fue rechazada porque la ley es clara y establece que el voto debe rogarse para cada convocatoria electoral.
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