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Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, y el expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) Agustín Manrique de Lara serán las primeras personas en ser llamados a declarar -ambos el próximo 1 de julio- en la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Canarias para determinar las responsabilidades políticas en la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia del covid.
La mesa de la comisión ha establecido un calendario que debe ahora ser aprobado de manera definitiva por los miembros de este grupo de trabajo.
Lo que sí indicó su presidente, Raúl Acosta (Grupo Mixto) es que la primera tanda de comparecientes acudirá a la Cámara regional entre el 1 y el 25 de julio.
Así, Manrique de Lara será citado a petición del PSOE, mientras que Koldo García ha sido requerido por Vox y los grupos del pacto (CC-PP- ASG y Mixto), en este caso como «presunto mediador» entre el Gobierno de Canarias y la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.
Según este calendario provisional, el empresario denunciante del caso Mascarillas, Juan Manuel Pérez León, comparecería el día 11, mientras que Rayco González, administrador único de RR7, lo haría el 18 de julio. Además, está previsto que Ihsan Mahmhoud Mohammed Al Sabbagh, representante de la mercantil a la que RR7 compró las mascarillas destruidas posteriormente por aduanas, comparezca el 15.
Los cargos políticos tanto del Gobierno de Canarias como del Servicio Canario de Salud (SCS) aún no tendrían fecha asignada para comparecer y probablemente quedarían para una segunda tanda.
Entre ellos figuran el expresidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres; el exvicepresidente, Román Rodríguez, o los exconsejeros Sebastián Franquis, Blas Trujillo, Julio Pérez y Teresa Cruz. Además, serán llamados los exdirectores del SCS Conrado Domínguez y Alberto Pazos.
Tras la reunión de la mesa de la comisión, Acosta indicó que a la hora de hacer las citaciones se ha priorizado a las personas físicas o jurídicas a las que se pueda contactar para asegurar su presencia, que debe realizarse con una antelación de 15 días.
Para garantizar esta notificación, se utilizarán «todos los mecanismos disponibles», desde un burofax a los ujieres del Parlamento y la Policía Canaria, detalló.
Por otro lado, el diputado herreño confirmó que ya se ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial la documentación sobre el caso Mascarillas que puede estar bajo secreto de sumario. En tales casos, se haría una excepción y las sesiones de la comisión serían a puerta cerrada.
De momento, y según el plan de trabajo inicial, las sesiones de la comisión de investigación se llevarán por las mañanas y «en función de la disponibilidad del calendario del Parlamento».
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