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Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de abril 2024
No solo el dueño de la empresa RR7 United, Rayco González, fue investigado para que analizaran su patrimonio personal; también se escrutó el de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud (SCS) entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022, y Ana María Pérez, que era directora de Recursos Económicos del SCS cuando se firmó el polémico contrato con RR7 para la compra de un millón de mascarillas a cambio del pago de 4 millones de euros.
En julio de 2022, cuando la instrucción del caso Mascarillas estaba en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, con el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca al frente, se ordena la «investigación patrimonial» de Domínguez, Ana María Pérez, Rayco González y la sociedad mercantil Berabemar 2017.
En el caso concreto de González, lo que se buscaba era el rastro de los 4 millones de euros pagados por el SCS a cambio de un material sanitario que nunca fue entregado. A día de hoy, el Gobierno de Canarias no ha logrado recuperar el dinero.
El montante, con los intereses de demora, supera ya los cinco millones de euros. La investigación judicial ha incluido comisiones rogatorias a varios países europeos para determinar a dónde llegaron esos 4 millones de euros y quiénes se los repartieron.
Investigación. El juzgado recurrió a la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial
Exhaustivo. Se analizaron datos de la vida laboral, registros tributarios, inmuebles a sus nombres, datos en Tráfico y cuentas bancarias
Director del SCS. Conrado Domínguez aparece con una cuenta de valores de 4,3 millones de euros abierta hace 17 años
Directora de R. Económicos. Ana María Pérez tiene propiedades en Arona, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife
Instrucción. Continúa en la Fiscalía Europea por el uso de fondos comunitarios
La investigación patrimonial de quienes eran entonces altos cargos en el Servicio Canario de la Salud resulta llamativa, sobre todo porque no estaban investigados por un presunto delito de cohecho. La querella inicial apuntaba indicios de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, a lo que se añadió posteriormente presunta malversación.
Fue precisamente la posibilidad de malversación lo que abrió la puerta a la entrada de la Fiscalía Europea, que asumió la competencia de instrucción en noviembre de 2022 al entender que la operación con RR7 afectó a fondos europeos.
¿Qué resultados arrojó la investigación patrimonial de Conrado Domínguez y Ana María Pérez? Las pesquisas se hicieron a través de la Plataforma de Servicios del Punto Neutro Judicial y se extendió básicamente a los siguientes ámbitos: rendimientos tributarios, vida laboral, vehículos a su nombre, inmuebles y cuentas bancarias.
En el caso del entonces director de Servicio Canario de Salud, aparece como copropietario de un inmueble de 131 metros cuadrados en Gáldar, con uso residencial, identificado como incluido en una «parcela con varios inmuebles (división horizontal)», con una superficie construida total de 262 metros cuadrados.
En el capítulo de rendimientos de actividades profesionales, al margen de cuantías menores por participación en cursos y seminarios, aparece la retribución por su cargo, con rango equivalente al de viceconsejero: «67.969,44 euros», con una retención de 18.474 euros.
No aparece vehículo a su nombre y al llegar al desglose de las cuentas bancarias aparecen nueve, repartidas entre Banco Santander y Caixabank. En cuatro de ellas el saldo es cero y en el resto oscilan entre los 4,57 euros y los 4,3 millones. Esta aparece identificada como una cuenta de valores, abierta hace 17 años. La siguiente, en orden decreciente, en cantidad, es de algo más de 328.000 euros.
Respecto a su vida laboral, se inició en 1997, en la Fundación Formación y Empleo, prosiguió como autónomo durante tres meses, después en la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, de nuevo como autónomo, y desde 2001 en el Servicio Canario de la Salud -donde tiene plaza-, para ir en 2007 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, luego al Ayuntamiento de la capital grancanaria, de ahí al SCS como director general, en 2019 a la Consejería de Obras Públicas y en 2020 otra vez al frente del SCS. A día de hoy, sigue trabajando en el SCS.
Respecto a Ana María Pérez, la información tributaria recoge una retribución de 70.487 euros, con una retención de algo más de 19.000 euros, y unas dietas de poco más de mil euros.
Aparece como titular de cuatro cuentas, con saldos que oscilan entre los 420 euros y 25.500 euros.
El apartado más amplio es el de los datos catastrales, con cinco inmuebles de naturaleza urbana: uno de 52 metros cuadrados en Arona, en el que es copropietaria; otro de 74 metros cuadrados en La Laguna, también en copropiedad; igualmente copropietaria de un estacionamiento de 5 metros cuadrados en la capital tinerfeña; un cuarto inmueble que aparece como «almacén / estacionamiento» de 29 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife y también al 50% de otro inmueble de 184 metros cuadrados en la capital tinerfeña.
Tras un año y tres meses de trabajo con el secreto de sumario pesando sobre las actuaciones, la Fiscalía Europea abrió el procedimiento a las partes el pasado mes de marzo y fijó una ronda de declaraciones que arrancará el próximo lunes.
El dueño de RR7 United, Rayco González, y el intermediario Samuel Machín, son los dos primeros a comparecer, ambos en calidad de investigados.
La instrucción dio un giro cuando en 2022 el propietario de la empresa de compraventa de coches que recibió 4 millones del Servicio Canario de Salud (SCS) para la compra de un millón de mascarillas del modelo 1860 de la marca 3M accedió a colaborar con la Justicia y entregó sus móviles, con las conversaciones, entre otros, con Conrado Domínguez, el propio Samuel Machín, Ana María Pérez y el empresario Lucas Cruz, también investigado por la Fiscalía Europea.
RR7 siempre ha sostenido que fue víctima de una presunta estafa por los teóricos suministradores de las mascarillas. De hecho, asumió el coste de destruir una primera partida de tapabocas que llegó a Gran Canaria y de cuya falsedad alertó la propia empresa 3M. Pese a ese fiasco inicial, Conrado Domínguez ordenó reactivar el contrato, que el SCS había dado por extinguido, y dio por bueno no reclamar el dinero a cambio de la entrega de 1,2 millones de mascarillas de otro modelo. Ese material tampoco llegó.
En cuanto a Samuel Machín, hizo de contacto entre Oswaldo Lastras –igualmente imputado–, que era amigo personal de Conrado Domínguez, y RR7. Actuó, según el mismo reconoció en sede judicial, y como acreditan los mensajes en poder de la Fiscalía Europea, a cambio de una comisión cifrada en unos 80.000 euros. Asegura que no la cobró.
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